Destinarán $ 15 millones para arreglar edificios

Todos los establecimientos educativos, sanitarios, de seguridad y de asistencia social se encuentran en estado de emergencia. Así los declara la ley 7.961 (acaba de ser promulgada por el Poder Ejecutivo), que advierte sobre las condiciones de mantenimiento, capacidad y funcionalidad de estas estructuras y de sus servicios.
La norma establece que se destinarán, por lo menos, $ 15 millones para reparar estos inmuebles. En especial, las escuelas públicas.

Una cuenta de $ 9 millones
La ley crea dos organismos especiales. Uno es la Comisión de Emergencia Edilicia Provincial, que preside el secretario de Obras Públicas (en este caso, Oscar Mirkin), y que completan los titulares de las direcciones del Agua (Juan José Sirimaldi), de Materiales y Construcciones Escolares (Eduardo Cobos), y de Arquitectura y Urbanismo (Daniel Diambra), junto con el interventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Angel Adrián Cúneo Vergés).
Esta comisión estará facultada para realizar contrataciones directas, y su presidente podrá disponer que el personal afectado a las obras trabaje en días feriados o cumpla horas extras. Es quien, además, administrará la cuenta de Emergencia Edilicia Provincial, por $ 9 millones. Será administrada por la Secretaría de Obras Públicas.

Otra, de $ 6 millones
El segundo organismo especial es la Comisión Coordinadora de Emergencias Edilicias Escolares, mucho más restringida por la anterior. La integrarán el secretario de Obras Públicas; un representante técnico de la Secretaría de Educación y el director de Materiales y Construcciones Escolares. Este último, además, es quien administrará la cuenta de Reforma Edilicia Escolar, que ascenderá a $ 6 millones.
Este dinero servirá para afrontar las reparaciones urgentes y únicamente las ampliaciones de sanitarios y de redes de agua y de cloacas. El importe podrá incrementarse en el caso de que la comisión verifique que las necesidades edilicias demanden una mayor inversión.
El Poder Ejecutivo deberá reglamentar y dar efectiva aplicación a la norma en no más de 30 días.