Desde Fuerza Republicana (FR) sostienen que el Gobierno provincial avasalló facultades propias del municipio al habilitar el expendio de GNC en una estación de servicios emplazada en los predios de la Terminal de Omnibus. Los tres concejales republicanos, además, se mostraron indignados por la pasividad del intendente Domingo Amaya, a quien reclamaron que asuma la responsabilidad de frenar el avance de las obras.
“Es bochornosa la proliferación de actividades sin autorización o con habilitaciones truchas en esta ciudad. La desidia municipal hace que nos enteremos de hechos consumados. El intendente debería asumir sus responsabilidades y no dejar que la injerencia de la Provincia en su gestión pase a límites insospechados”, disparó Claudio Viña.
La estación de servicios Opesa, ubicada en la manzana de la Terminal, comenzó a ampliar sus instalaciones con una habilitación de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia (DAU), pero no presentó la documentación técnica ante el municipio. Esto motivó la reacción del Colegio de Arquitectos, que advirtió a Amaya sobre la posibilidad de llevar el caso a la Justicia. “Si bien el Poder Ejecutivo es dueño de ese terreno, no puede dejar de consultar y de solicitar los permisos correspondientes, porque es el municipio el que tiene el poder de policía sobre todo el ejido capitalino”, se quejó el edil Miguel Brito. El ex director de la DAU, durante la gobernación de Antonio Bussi, consideró que el PE no respeta la delegación de facultades. “Ejerce siempre un exceso de poder”, dijo.
Javier Morof, en tanto, afirmó que existe una interpretación antojadiza sobre los alcances de la concesión de predios municipales a la Provincia. “Hay una mano negra en todo esto, porque algunas ordenanzas sí se aplican, pero otras no. Con ese criterio, mañana podrán instalar allí un casino o un edificio, en flagrante violación al Código de Planeamiento Urbano”, advirtió. “Tampoco -prosiguió-, ninguna repartición municipal podría realizar inspecciones en ese predio, porque pertenece al PE”.
Piden cambios
El secretario de Obras y Servicios Públicos municipal, Fernando Insaurralde, reconoció que el municipio debe controlar toda construcción dentro del ejido de la capital, por lo que se mostró partidario de modificar la ordenanza de concesión del predio de la Terminal a la Provincia. “La ordenanza dice que no tenemos injerencia, pero habría que cambiarla, porque es el municipio el responsable por el uso del suelo en la capital”, dijo.
Otra disputa
El anteproyecto del Poder Ejecutivo para el emplazamiento del hipermercado Wal-Mart en la manzana de la Terminal de Omnibus derivaría en un nuevo conflicto jurisdiccional entre el municipio y la Provincia. El anuncio sobre la radicación de la cadena internacional, concretado en mayo de 2005, generó la enérgica reacción del Colegio de Arquitectos y de los profesionales que integran la Coordinadora de Patrimonio.
“Es bochornosa la proliferación de actividades sin autorización o con habilitaciones truchas en esta ciudad. La desidia municipal hace que nos enteremos de hechos consumados. El intendente debería asumir sus responsabilidades y no dejar que la injerencia de la Provincia en su gestión pase a límites insospechados”, disparó Claudio Viña.
La estación de servicios Opesa, ubicada en la manzana de la Terminal, comenzó a ampliar sus instalaciones con una habilitación de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia (DAU), pero no presentó la documentación técnica ante el municipio. Esto motivó la reacción del Colegio de Arquitectos, que advirtió a Amaya sobre la posibilidad de llevar el caso a la Justicia. “Si bien el Poder Ejecutivo es dueño de ese terreno, no puede dejar de consultar y de solicitar los permisos correspondientes, porque es el municipio el que tiene el poder de policía sobre todo el ejido capitalino”, se quejó el edil Miguel Brito. El ex director de la DAU, durante la gobernación de Antonio Bussi, consideró que el PE no respeta la delegación de facultades. “Ejerce siempre un exceso de poder”, dijo.
Javier Morof, en tanto, afirmó que existe una interpretación antojadiza sobre los alcances de la concesión de predios municipales a la Provincia. “Hay una mano negra en todo esto, porque algunas ordenanzas sí se aplican, pero otras no. Con ese criterio, mañana podrán instalar allí un casino o un edificio, en flagrante violación al Código de Planeamiento Urbano”, advirtió. “Tampoco -prosiguió-, ninguna repartición municipal podría realizar inspecciones en ese predio, porque pertenece al PE”.
Piden cambios
El secretario de Obras y Servicios Públicos municipal, Fernando Insaurralde, reconoció que el municipio debe controlar toda construcción dentro del ejido de la capital, por lo que se mostró partidario de modificar la ordenanza de concesión del predio de la Terminal a la Provincia. “La ordenanza dice que no tenemos injerencia, pero habría que cambiarla, porque es el municipio el responsable por el uso del suelo en la capital”, dijo.
Otra disputa
El anteproyecto del Poder Ejecutivo para el emplazamiento del hipermercado Wal-Mart en la manzana de la Terminal de Omnibus derivaría en un nuevo conflicto jurisdiccional entre el municipio y la Provincia. El anuncio sobre la radicación de la cadena internacional, concretado en mayo de 2005, generó la enérgica reacción del Colegio de Arquitectos y de los profesionales que integran la Coordinadora de Patrimonio.







