Exigen a Amaya que clausure obras en una estación de GNC

La ampliación de una estación de servicios ubicada en los predios de la Terminal de Omnibus podría desencadenar una presentación judicial en contra del intendente Domingo Amaya. Por carta documento, el Colegio de Arquitectos advirtió al jefe municipal que está dispuesto a recurrir a Tribunales si es que no se detienen las obras iniciadas para el expendio de GNC en la esquina de Wenceslao Posse y Benjamín Aráoz.
Mediante el escrito, los profesionales solicitan a Amaya que arbitre los medios legales para detener los trabajos. "Fundamos nuestro pedido en base a los antecedentes obrantes en su poder y en que, según las denuncias de concejales, la obra no cuenta con las autorizaciones de los organismos municipales a su cargo y se encuentra en franca violación a las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano", expresan el presidente del Colegio de Arquitectos, Gustavo Napadensky, y el secretario de la institución, Luis Palazzolo. Los arquitectos, inclusive, advierten en la carta documento que podrían iniciar una demanda judicial contra el intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Larga polémica
La discusión sobre las obras iniciadas para el expendio de Gas Natural Comprimido (GNC) en la estación de servicios Repsol-YPF de la firma Opesa, ubicada en la manzana de la Estación Terminal de Omnibus, comenzó a mediados de 2004.
Según la documentación que obra en manos del propio intendente, la empresa solicitó el 7 de mayo de 2004 a la Dirección de Planificación Urbanística Ambiental la factibilidad para la instalación de surtidores de GNC. Inmediatamente, la repartición respondió a la firma que se veía imposibilitada de resolver el planteo, puesto que no contaba con la documentación técnica necesaria para su evaluación.
Inclusive, desde las direcciones de Catastro y de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa) informaron al intendente que no contaban con la solicitud de empadronamiento y habilitación de esa estación de servicios. "Para otorgar la factibilidad de radicación es necesario que la firma solicitante presente documentación técnica de todo lo construido y las posibles ampliaciones, a fin de regularizar su situación ante la Municipalidad", expresa el escrito firmado en aquella oportunidad por el jefe del Departamento Normativa Urbana, Eduardo López.

Cambio de órbita
Meses después y sin que la empresa iniciara trámite alguno ante las dependencias municipales, las actuaciones administrativas se trasladaron a la órbita provincial.
El 16 de diciembre de ese año, el director de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Daniel Diambra, firmó la resolución interna 782, mediante la cual concedió a Opesa la factibilidad denegada por las reparticiones de la capital. En este caso, la firma Terminal del Tucumán SA, a través de sus representantes técnicos, tramitó el pedido. Basó el traslado de los procedimientos en que el predio en el que se emplazaría el nuevo emprendimiento pertenece a la Provincia.
Finalmente, el 16 de junio de 2005, el intendente Amaya remitió al Concejo Deliberante el expediente. En él, ratificó lo actuado por las reparticiones municipales y reivindicó la potestad de su administración para otorgar este tipo de habilitaciones. "A pesar de la situación especial planteada con la autorización dada a la empresa Terminal del Tucumán SA, es el municipio el que resuelve sobre el uso del suelo", remarcó en su escrito.

Impunidad
El concejal José Luis Avignone (UCR) consideró que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) se atribuyó facultades que son propias del municipio. "La DAU abusa de una impunidad manifiesta al arrogarse facultades que violan el Código de Planeamiento urbano y la Ley Orgánica de Municipalidades", disparó el edil. El radical recordó que corresponde al Departamento Ejecutivo municipal otorgar los permisos para el uso del espacio público de los terrenos ubicados dentro del ejido de San Miguel de Tucumán.

Otro escrito
El Colegio de Arquitectos, en forma paralela, remitió otra carta documento al presidente del Tribunal de Faltas, Jorge Poviña. En ella, los profesionales le requieren al funcionario que ordene la inmediata clausura de la ampliación de la estación de servicios. Le advierten, además, que están dispuestos a recurrir a la Justicia. "Dicha obra no cuenta con autorización de los organismos competentes de la Municipalidad", sostiene el escrito firmado por el titular del colegio profesional, Gustavo Napadensky.

Sin injerencia
"Todo lo que tiene que ver con el predio de la Terminal de Omnibus depende de la Provincia", sostuvo el director de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Daniel Diambra. El funcionario justificó la habilitación de las obras en el predio en que el municipio no tiene atribuciones sobre el uso del suelo en ese espacio. "La ordenanza 1.779, sancionada en setiembre de 1991, determina que el municipio no tiene injerencia en ese predio. Decir lo contrario demuestra un desconocimiento de las propias normativas municipales", dijo.