Antes del martes 17 de enero, las tres hectáreas fiscales ubicadas en La Higuera (Choromoro) deberán estar libres de ocupantes. Así lo resolvió el juez en Documentos y Locaciones de la III Nominación, Juan Carlos Peral. El magistrado hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por los antiguos poseedores del predio y ordenó al comisionado comunal de la localidad tranqueña, Luis Angel Díaz, que desaloje las tierras en disputa.
El conflicto por la tenencia de los terrenos de La Higuera enfrenta a Díaz y a la sucesión de Antonio García Morales desde 2004. A pesar de los dictámenes de Catastro y de Fiscalía de Estado, que avalan la posesión del predio en manos de los particulares, el delegado rural impulsó la instalación de 12 familias en el lugar, según lo reconoció a LA GACETA el 2 de diciembre de 2005.
Frente a la ocupación, la representante legal de los García Morales, María Beatriz García, presentó un amparo ante la jueza de Paz de Choromoro, Leticia Mamaní, y denunció a Díaz de haber fomentado la usurpación. Mamaní hizo lugar al planteo y ordenó el desalojo del predio, medida que fue ratificada por la Justicia Civil. "Resultan coincidentes los testimonios de los vecinos consultados, quienes atribuyen al actor (sucesión de García Morales) el carácter de poseedor exclusivo de la parcela de terreno en litigio, así como la calidad de último detentador público y pacífico de la misma", expresó el juez Peral en la resolución por la que avala la decisión de la jueza de Paz.
A la Legislatura
"Si la Justicia resolvió de esa forma, tendremos que recurrir a instancias extrajudiciales", respondió Díaz.
El comisionado anticipó que hablará con legisladores para impulsar un proyecto de ley que permita expropiar esas tierras. "Quiero darle a la gente un lugar en donde vivir. También hablaré con el gobernador (José Alperovich)", dijo.
El conflicto por la tenencia de los terrenos de La Higuera enfrenta a Díaz y a la sucesión de Antonio García Morales desde 2004. A pesar de los dictámenes de Catastro y de Fiscalía de Estado, que avalan la posesión del predio en manos de los particulares, el delegado rural impulsó la instalación de 12 familias en el lugar, según lo reconoció a LA GACETA el 2 de diciembre de 2005.
Frente a la ocupación, la representante legal de los García Morales, María Beatriz García, presentó un amparo ante la jueza de Paz de Choromoro, Leticia Mamaní, y denunció a Díaz de haber fomentado la usurpación. Mamaní hizo lugar al planteo y ordenó el desalojo del predio, medida que fue ratificada por la Justicia Civil. "Resultan coincidentes los testimonios de los vecinos consultados, quienes atribuyen al actor (sucesión de García Morales) el carácter de poseedor exclusivo de la parcela de terreno en litigio, así como la calidad de último detentador público y pacífico de la misma", expresó el juez Peral en la resolución por la que avala la decisión de la jueza de Paz.
A la Legislatura
"Si la Justicia resolvió de esa forma, tendremos que recurrir a instancias extrajudiciales", respondió Díaz.
El comisionado anticipó que hablará con legisladores para impulsar un proyecto de ley que permita expropiar esas tierras. "Quiero darle a la gente un lugar en donde vivir. También hablaré con el gobernador (José Alperovich)", dijo.







