La próxima semana será complicada para la gestión del gobernador Julio Miranda. Los gremios adelantaron que redoblarán sus protestas para que el Estado les pague el sueldo de julio. Los empresarios, en tanto, aguardan que se les abone la deuda por el canje de bonos de la operatoria FET a 56 días y de la paralela.
Miranda debe decidir, este fin de semana, si paga salarios o si regulariza el sistema de conversión de la moneda local. Tal vez, el Poder Ejecutivo adopte una salida salomónica cumpliendo parcialmente, y por partes iguales, sus compromisos financieros.
Tras una prolongada reunión, el gobernador Julio Miranda obtuvo ayer la promesa del presidente Eduardo Duhalde de que, a partir del martes, Tucumán recibiría $24 millones. Eso fue confirmado anoche por el ministro de Economía, Joaquín Ferre. El encuentro vespertino se realizó en la Quinta de Olivos. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, también participaron de la cumbre, en la que Miranda expuso la gravedad de las finanzas locales y la necesidad de contar con la ayuda federal.
Clima tenso
En la Casa de Gobierno se percibió ayer un clima de tensión. Los funcionarios se encerraron en sus despachos y otros directamente no fueron al edificio gubernamental. El silencio oficial fue la constante.
Nadie quiso alentar falsas expectativas frente al creciente malestar de los estatales y de las empresas que depositaron sus bonos para canjearlos por efectivo, sin recibir un peso hasta ahora.
La asistencia que daría el martes la Nación es como una frazada corta para el Estado provincial. El PE necesita de $26 millones para saldar la planilla salarial estatal y cerca de $60 millones para pagar los depósitos en Bocade efectuados hace dos meses en la vieja operatoria a 56 días y en la paralela. También se sumará el viernes el primer vencimiento de $4 millones por los cheques diferidos que se emitieron para pagar el aguinaldo.
El miércoles continuarán las gestiones por más recursos ante la Nación. Mientras tanto, el gobernador analizará los planes de emergencia que elaboró el Ministerio de Economía. Uno de ellos apunta a pagar parte de los haberes estatales en efectivo. Otro, a entregarles cheques diferidos por los depósitos en bonos vencidos a las empresas.
Miranda debe decidir, este fin de semana, si paga salarios o si regulariza el sistema de conversión de la moneda local. Tal vez, el Poder Ejecutivo adopte una salida salomónica cumpliendo parcialmente, y por partes iguales, sus compromisos financieros.
Tras una prolongada reunión, el gobernador Julio Miranda obtuvo ayer la promesa del presidente Eduardo Duhalde de que, a partir del martes, Tucumán recibiría $24 millones. Eso fue confirmado anoche por el ministro de Economía, Joaquín Ferre. El encuentro vespertino se realizó en la Quinta de Olivos. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, también participaron de la cumbre, en la que Miranda expuso la gravedad de las finanzas locales y la necesidad de contar con la ayuda federal.
Clima tenso
En la Casa de Gobierno se percibió ayer un clima de tensión. Los funcionarios se encerraron en sus despachos y otros directamente no fueron al edificio gubernamental. El silencio oficial fue la constante.
Nadie quiso alentar falsas expectativas frente al creciente malestar de los estatales y de las empresas que depositaron sus bonos para canjearlos por efectivo, sin recibir un peso hasta ahora.
La asistencia que daría el martes la Nación es como una frazada corta para el Estado provincial. El PE necesita de $26 millones para saldar la planilla salarial estatal y cerca de $60 millones para pagar los depósitos en Bocade efectuados hace dos meses en la vieja operatoria a 56 días y en la paralela. También se sumará el viernes el primer vencimiento de $4 millones por los cheques diferidos que se emitieron para pagar el aguinaldo.
El miércoles continuarán las gestiones por más recursos ante la Nación. Mientras tanto, el gobernador analizará los planes de emergencia que elaboró el Ministerio de Economía. Uno de ellos apunta a pagar parte de los haberes estatales en efectivo. Otro, a entregarles cheques diferidos por los depósitos en bonos vencidos a las empresas.
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