Miguel Chaiben Terraf cumplió este año las bodas de plata en el Tribunal de Cuentas. Desde hace seis se desempeña como vocal del organismo y, desde 2004, ejerce la presidencia. Esta semana fue ratificado en ese cargo hasta diciembre de 2007 y, pese a que cada vez tiene más trabajo, se define como un apasionado de la función que le toca ejercer. La misma pasión que pone al hablar de rugby y de Natación y Gimnasia, el club de sus amores y de sus disgustos.
Aclara, sin embargo, que no le gusta participar del protocolo que le impone la tarea. Tampoco le agrada que le saquen fotos, ni las entrevistas. Acostumbrado a lidiar con engorrosos trámites, este contador público, que en 2006 deberá revisar cómo se gastan más de $ 3000 millones, prefiere el anonimato de los expedientes.
Acepta el diálogo con LA GACETA, porque cree que el Tribunal de Cuentas debe corregir un error que mantiene desde su creación en 1972: "la gente no sabe qué es lo que nosotros hacemos".
- A usted le tocó asumir la presidencia del Tribunal de Cuentas tras el fallecimiento de Darío Domingo de Prada en 2004. Desde entonces, el organismo funciona con un vocal menos. ¿En qué medida esto afecta el trabajo diario?
- Nosotros no realizamos ningún reclamo, ni pedido a los poderes políticos para cubrir la vacante. No nos corresponde entrar en este tema. Señalamos, sin embargo, que la ley impone la constitución del tribunal con tres miembros y que debería respetarse la normativa vigente.
- Hasta hace no mucho tiempo, la corrupción estatal era un tema central de la agenda pública. ¿Se puede decir que hoy ese problema desapareció o simplemente la sociedad dejó de prestarle atención?
- No se pueden hacer estadísticas. Lo que sí se nota es una mayor afluencia de expedientes que son sometidos a control. Esto tiene que ver con la voluntad de la administración para rendir cuentas, pero también tiene relación con la firme decisión del Tribunal para controlar y requerir explicaciones a los funcionarios públicos. El error que cometimos en los últimos 33 años es no vincularnos con la sociedad. La gente sabe que existimos, pero no sabe qué es controlar, ni qué es lo que se controla.
- El hecho de que el Tribunal de Cuentas se incorpore a la Constitución en la futura reforma, ¿podría cambiar la forma de controlar al Estado?
- Sería un gran logro institucional. Habría más independencia, y el marco jurídico en el que funcionaría el Tribunal sería totalmente diferente. Hoy está regido por una ley y su continuidad depende de la predisposición de los parlamentarios. En todo el país la voluntad política avanzó en incorporar a los organismos de control a las Constituciones. Sólo Tucumán y Corrientes se mantuvieron fuera de esa corriente.
- ¿Habría que pensar en implementar otros mecanismos de control, como los que adoptó la Nación desde 1994?
- En materia de control del Estado se creó una gran cantidad de organismos: defensorías, fiscalías especiales, sindicaturas y auditorías. Creemos que hay que mantener las funciones que hoy tiene el Tribunal de Cuentas para actuar antes, durante y después de que se ejecute el acto. Otro tipo de controles son insuficientes y extemporáneos.
- El poder político suele relacionar al Tribunal con las demoras o trabas en la ejecución de obras públicas...
- Se utiliza el término burocracia con una facilidad tremenda. Las acordadas que dicta el Tribunal tienen un par de hojas, pero atrás hay voluminosos expedientes. Lo que la gente no conoce es que la ley nos impone resolverlos entre los dos y los cinco días. Cómo máximo el trámite demora 15 días y, si no nos pronunciamos, el acto se convalida. Los controles siempre molestan. A nadie le gusta que lo controlen, pero esta es una institución que le hace mucho bien a la provincia.
Aclara, sin embargo, que no le gusta participar del protocolo que le impone la tarea. Tampoco le agrada que le saquen fotos, ni las entrevistas. Acostumbrado a lidiar con engorrosos trámites, este contador público, que en 2006 deberá revisar cómo se gastan más de $ 3000 millones, prefiere el anonimato de los expedientes.
Acepta el diálogo con LA GACETA, porque cree que el Tribunal de Cuentas debe corregir un error que mantiene desde su creación en 1972: "la gente no sabe qué es lo que nosotros hacemos".
- A usted le tocó asumir la presidencia del Tribunal de Cuentas tras el fallecimiento de Darío Domingo de Prada en 2004. Desde entonces, el organismo funciona con un vocal menos. ¿En qué medida esto afecta el trabajo diario?
- Nosotros no realizamos ningún reclamo, ni pedido a los poderes políticos para cubrir la vacante. No nos corresponde entrar en este tema. Señalamos, sin embargo, que la ley impone la constitución del tribunal con tres miembros y que debería respetarse la normativa vigente.
- Hasta hace no mucho tiempo, la corrupción estatal era un tema central de la agenda pública. ¿Se puede decir que hoy ese problema desapareció o simplemente la sociedad dejó de prestarle atención?
- No se pueden hacer estadísticas. Lo que sí se nota es una mayor afluencia de expedientes que son sometidos a control. Esto tiene que ver con la voluntad de la administración para rendir cuentas, pero también tiene relación con la firme decisión del Tribunal para controlar y requerir explicaciones a los funcionarios públicos. El error que cometimos en los últimos 33 años es no vincularnos con la sociedad. La gente sabe que existimos, pero no sabe qué es controlar, ni qué es lo que se controla.
- El hecho de que el Tribunal de Cuentas se incorpore a la Constitución en la futura reforma, ¿podría cambiar la forma de controlar al Estado?
- Sería un gran logro institucional. Habría más independencia, y el marco jurídico en el que funcionaría el Tribunal sería totalmente diferente. Hoy está regido por una ley y su continuidad depende de la predisposición de los parlamentarios. En todo el país la voluntad política avanzó en incorporar a los organismos de control a las Constituciones. Sólo Tucumán y Corrientes se mantuvieron fuera de esa corriente.
- ¿Habría que pensar en implementar otros mecanismos de control, como los que adoptó la Nación desde 1994?
- En materia de control del Estado se creó una gran cantidad de organismos: defensorías, fiscalías especiales, sindicaturas y auditorías. Creemos que hay que mantener las funciones que hoy tiene el Tribunal de Cuentas para actuar antes, durante y después de que se ejecute el acto. Otro tipo de controles son insuficientes y extemporáneos.
- El poder político suele relacionar al Tribunal con las demoras o trabas en la ejecución de obras públicas...
- Se utiliza el término burocracia con una facilidad tremenda. Las acordadas que dicta el Tribunal tienen un par de hojas, pero atrás hay voluminosos expedientes. Lo que la gente no conoce es que la ley nos impone resolverlos entre los dos y los cinco días. Cómo máximo el trámite demora 15 días y, si no nos pronunciamos, el acto se convalida. Los controles siempre molestan. A nadie le gusta que lo controlen, pero esta es una institución que le hace mucho bien a la provincia.







