El Poder Ejecutivo admitió que habrá demoras en el pago de los créditos en bonos Consadep II (Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos), que son títulos dolarizados y con fechas de liquidación del 5 de setiembre de 2005. El fiscal de Estado, Antonio Estofán, explicó la causa del retraso y pidió comprensión a los beneficiarios de los bonos.
“Es un trámite que va a Contaduría para que revise la liquidación, determine la imputación presupuestaria y pase para que se haga el decreto. Queremos que lo conozca la gente para que no se preocupe más de la cuenta”, dijo Estofán a LA GACETA.
Indicó que existe una reglamentación que debe respetarse. “Es importante que se sepa, porque nos llegan intimaciones judiciales para que paguemos en el acto; pero lamentablemente tenemos este retraso, que se lo comentamos al juez”, acotó.
Precisó que el Gobierno está autorizado a emitir U$S 70 millones en Consadep II, de los cuales U$S 20 millones son para el pago de la deuda consolidada de municipalidades y U$S 50 millones para las deudas provinciales.
Estofán indicó que al momento de asumir, la deuda estaba entre los 300 y 400 millones de pesos. “Hasta el momento hemos pagado $ 120 millones y con estos US$ 70 millones estamos llegando a cubrir $ 330 millones”, señaló. ¿Es posible que se la cancele antes de que termine esta actual gestión?, se le consultó. “No, porque hay juicios que no van a concluir hasta entonces”, contestó.
Al respecto, adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para ordenar el pago de las deudas judiciales, “de tal manera que el Estado no tenga sorpresas con embargos”.
Indicó que los abogados y los clientes no soportan la burocracia. “Así vienen los embargos, los honorarios, los intereses; y hasta que pagamos, aparecen otros intereses; siempre estamos debiendo”, apuntó.
La idea es que una vez que quede firme la sentencia, el acreedor registre en la Fiscalía de Estado su crédito. “Eso será contemplado en la ley de Presupuesto y pagado al año siguiente”, dijo. En ese término, las cuentas del Estado serán inembargables.
“Es un trámite que va a Contaduría para que revise la liquidación, determine la imputación presupuestaria y pase para que se haga el decreto. Queremos que lo conozca la gente para que no se preocupe más de la cuenta”, dijo Estofán a LA GACETA.
Indicó que existe una reglamentación que debe respetarse. “Es importante que se sepa, porque nos llegan intimaciones judiciales para que paguemos en el acto; pero lamentablemente tenemos este retraso, que se lo comentamos al juez”, acotó.
Precisó que el Gobierno está autorizado a emitir U$S 70 millones en Consadep II, de los cuales U$S 20 millones son para el pago de la deuda consolidada de municipalidades y U$S 50 millones para las deudas provinciales.
Estofán indicó que al momento de asumir, la deuda estaba entre los 300 y 400 millones de pesos. “Hasta el momento hemos pagado $ 120 millones y con estos US$ 70 millones estamos llegando a cubrir $ 330 millones”, señaló. ¿Es posible que se la cancele antes de que termine esta actual gestión?, se le consultó. “No, porque hay juicios que no van a concluir hasta entonces”, contestó.
Al respecto, adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para ordenar el pago de las deudas judiciales, “de tal manera que el Estado no tenga sorpresas con embargos”.
Indicó que los abogados y los clientes no soportan la burocracia. “Así vienen los embargos, los honorarios, los intereses; y hasta que pagamos, aparecen otros intereses; siempre estamos debiendo”, apuntó.
La idea es que una vez que quede firme la sentencia, el acreedor registre en la Fiscalía de Estado su crédito. “Eso será contemplado en la ley de Presupuesto y pagado al año siguiente”, dijo. En ese término, las cuentas del Estado serán inembargables.







