La Legislatura prorrogará por un año más la Ley de Emergencia Económica

La Legislatura prorrogará por otro año más la Ley de Emergencia Económica, cuyo vencimiento se producirá el último día de 2005. La norma permite al Gobierno provincial mantener suspendidos los convenios colectivos especiales y los enganches salariales, además de declarar la inembargabilidad de las cuentas públicas.
Con la firma del gobernador José Alperovich y del ministro de Economía, Jorge Jiménez, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara el proyecto de ley mediante el cual solicita que se prorrogue la vigencia de la Ley 6.987 hasta el 31 de diciembre de 2006. “Las actuales circunstancias de orden nacional que repercuten en nuestra realidad provincial, potenciando sus problemas financieros, tornan imprescindible la prórroga propuesta”, justificó el mandatario en el texto.
El proyecto que discutirán los parlamentarios en la sesión prevista para el próximo miércoles consta de tres artículos (uno de forma). En uno se ratifica la vigencia de la emergencia económica y financiera del Estado y en el restante se declara la inembargabilidad de la totalidad de los recursos de la Provincia.
La ley se encuentra vigente en Tucumán desde febrero de 1991, cuando fue sancionada por el interventor federal, Julio César Aráoz. Al formular el anuncio oficial, en aquella oportunidad, el delegado del Gobierno nacional utilizó la cadena de radio y televisión. La medida había sido dispuesta por apenas 10 meses (hasta diciembre de 1991).
La envergadura de la decisión política implicaba facultar a los ministros a rescindir los contratos de obras y consultorías del sector público. Además, se suspendían por 180 días los subsidios, las subvenciones y los compromisos que afectaban recursos del sector provincial, del ex Banco Provincia y de la Caja Popular de Ahorros.

Piden su derogación
La medida fue sucesivamente prorrogada por los gobiernos de turno y rechazada por los gremios estatales.
En agosto de este año, el frente sindical compuesto por ATE, la CTA, ATEP y municipales del interior entregó a los legisladores un proyecto de ley para derogar la norma. Exigieron, inclusive, la restitución de la pirámide salarial y el pago por categorías para todos los trabajadores de la administración pública. “Las mejoras salariales a través de sumas no remunerativas sólo destruyeron y achataron la pirámide escalafonaria”, expresaron los sindicalistas en el escrito.