Un comisionado debe devolver lotes

La jueza de Paz de Choromoro emplazó al delegado a desalojar terrenos de La Higuera. Hay 12 familias asentadas. La funcionaria hizo lugar a la acción de amparo presentada por los antiguos habitantes del predio.

PRECARIEDAD. Los ocupantes subdividieron el terreno del PE en 12 lotes y levantaron pequeñas casillas. LA GACETA / JOSE NUNO
PRECARIEDAD. Los ocupantes subdividieron el terreno del PE en 12 lotes y levantaron pequeñas casillas. LA GACETA / JOSE NUNO
Por Redacción Política 23 Diciembre 2005
La Justicia puso un certero freno a la intentona del comisionado comunal de Choromoro, Luis Angel Díaz, para conseguir la posesión de tres hectáreas fiscales ubicadas en La Higuera. La jueza de paz de la localidad tranqueña, Leticia Carolina Mamaní, hizo lugar a la acción de amparo presentada por los antiguos ocupantes del predio y ordenó al funcionario devolver el inmueble en litigio.
La demanda a la simple tenencia había sido interpuesta por María Beatriz García, la administradora de la sucesión que, desde 1958, explota las tierras. En el escrito, la mujer denunció que el delegado rural instó a un grupo de 12 personas a usurpar la propiedad, en un hecho ocurrido durante la última semana de noviembre. Inclusive, justificó la posesión de los lotes con dictámenes oficiales de la Dirección de Catastro y de Fiscalía de Estado. Estas reparticiones aconsejaron la adjudicación a su favor de los terrenos, previo pago de los valores establecidos por la Comisión de Tasación Provincial.
Tras concretar dos inspecciones oculares en el lugar y tomar declaración testimonial a vecinos, la jueza de Paz resolvió hacer lugar a la acción de amparo y ordenar al demandado a que devuelva el inmueble libre de todo ocupante. También advirtió a Díaz, en su resolución judicial, a que se abstenga, en el futuro, de realizar cualquier otro acto que altere la situación de los campos en disputa.
Una vez que la Justicia Civil convalide lo actuado por Mamaní (el expediente ingresará hoy en Tribunales), Díaz y las 12 familias dispondrán de 10 días para devolver el predio ocupado en forma irregular. En caso de que la medida judicial no se haga efectiva en forma voluntaria, la jueza de Paz podrá solicitar el auxilio de efectivos policiales.



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