La Cámara Federal de Apelaciones rechazó la solicitud del fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, de que sea realizada una auditoría sobre el estado de las causas penales que se tramitan, por violaciones a los derechos humanos, en los juzgados federales a cargo de Jorge Parache y Felipe Terán.
La presidenta del tribunal, Graciela Fernández Vecino, firmó la resolución por la cual quedó formalizada la denegatoria. El fiscal general pretendía que fueran determinados la situación procesal de cada expediente y los motivos de las demoras registradas en numerosas causas por denuncias sobre desapariciones, torturas y homicidios durante la última dictadura militar.
Pese a la decisión contra el fiscal federal, Fernández Vecino ordenó a los Juzgados Federales que le remitan un informe sobre la nómina y cantidad de expedientes sobre la materia, pero sin que abunden en la instancia en que se encuentra cada uno.
División de tareas
El grueso de las causas está en el despacho de Parache, donde se acumularon unas 400, mientras que Terán maneja principalmente dos investigaciones: la relacionada con el Pozo de Vargas, adonde habrían sido arrojados detenidos desaparecidos, y la recolección de pruebas sobre fosas clandestinas en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. En esta también actúa Parache por la denuncia original de Adelaida Carloni de Campopiano.
La Cámara Federal tampoco hizo lugar al pedido de Gómez para que fueran remitidas a Parache las actuaciones que ordenó y realizó Terán en el ex Arsenal, ya que hay un mismo objetivo y similares personas denunciadas. Fernández Vecino resolvió el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales (todo estaba pendiente de su conclusión), y que las causas sigan su trámite como hasta ahora.
La presidenta del tribunal, Graciela Fernández Vecino, firmó la resolución por la cual quedó formalizada la denegatoria. El fiscal general pretendía que fueran determinados la situación procesal de cada expediente y los motivos de las demoras registradas en numerosas causas por denuncias sobre desapariciones, torturas y homicidios durante la última dictadura militar.
Pese a la decisión contra el fiscal federal, Fernández Vecino ordenó a los Juzgados Federales que le remitan un informe sobre la nómina y cantidad de expedientes sobre la materia, pero sin que abunden en la instancia en que se encuentra cada uno.
División de tareas
El grueso de las causas está en el despacho de Parache, donde se acumularon unas 400, mientras que Terán maneja principalmente dos investigaciones: la relacionada con el Pozo de Vargas, adonde habrían sido arrojados detenidos desaparecidos, y la recolección de pruebas sobre fosas clandestinas en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. En esta también actúa Parache por la denuncia original de Adelaida Carloni de Campopiano.
La Cámara Federal tampoco hizo lugar al pedido de Gómez para que fueran remitidas a Parache las actuaciones que ordenó y realizó Terán en el ex Arsenal, ya que hay un mismo objetivo y similares personas denunciadas. Fernández Vecino resolvió el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales (todo estaba pendiente de su conclusión), y que las causas sigan su trámite como hasta ahora.







