Legisladores exigen copias del Presupuesto

La falta de difusión y conocimiento del proyecto de Presupuesto 2006 motivó a los legisladores Ernesto Padilla (Fuerza Republicana), Alejandro Sangenis (Movimiento Popular 3 Banderas) y Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) a reclamarle al titular de la comisión de Hacienda, Fernando Juri Debo, que les entregue copias de la iniciativa bajo estudio.
Sangenis, Danesi y Padilla presentaron también un proyecto de resolución formal, mediante el cual quieren disponer la obligación de distribuir copias del proyecto entre los 40 legisladores. También proponen que el debate, tratamiento y sanción en el recinto del Presupuesto 2006 no pueda ocurrir antes de 15 días de obtenido el documento con toda la información requerida. El oficialismo pretende que la iniciativa sea aprobada el jueves 22.
Los opositores advirtieron que no pueden ejercer con responsabilidad sus obligaciones y facultades constitucionales al mantenerse en secreto el texto remitido por el Ejecutivo el 15 de setiembre pasado. Recordaron que efectuaron reiterados pedidos a Hacienda para obtener una copia íntegra de la iniciativa, que contemple los anexos donde figura el detalle de las partidas para cada oficina pública.
La imposibilidad de conocer la propuesta presupuestaria los obligaría a emitir un voto negativo.
“Somos miembros de partidos a quienes la ciudadanía les asignó el rol de contralor”, destacaron los tres parlamentarios.
Danesi aseguró además que la falta de una ley de acceso a la información pública impidió que el presupuesto fuera conocido por la ciudadanía. “Gastan grandes sumas de dinero en populismo, clientelismo y publicidad oficial. Sin embargo, mezquinan para fotocopias del proyecto, lo que es inaceptable e inmoral. ¿Cómo podemos votar algo que no conocemos? El Presupuesto 2006 será sancionado sin un previo debate político sobre qué provincia queremos”, advirtió.




La Legislatura creará dos juzgados de ejecución penal: uno, en el centro judicial de la Capital y otro, en Concepción. El tratamiento de la iniciativa estaba habilitado desde mayo, pero la necesidad de su sanción recién tomó fuerza tras la polémica por el inicio del  juicio político a la camarista Alicia Freidenberg. La magistrada está acusada por haber autorizado la salida de la cárcel de un preso que aprovechó la ocasión para fugarse.
El proyecto, que llegará al recinto en la sesión extraordinaria convocada para mañana a las 9, es una fusión de dos iniciativas y obtuvo dictamen de comisión el 26 de abril. La primera propuesta tomó estado parlamentario en 2003, con la firma de los peronistas Juan Eduardo Rojas, Daniel Heredia y Sergio Miranda . La otra lleva la rúbrica de José Cano, Jorge Mendía y Juan Roberto Robles, de la UCR, y de Alejandro Sangenis del MTB, e ingresó a la Cámara en 2004.
Los jueces de ejecución de sentencia tendrán competencia para controlar el desarrollo de las condenas, función que hoy se encuentra bajo la órbita de las distintas cámaras penales. La creación de esta instancia había sido reclamada por académicos y representantes de la magistratura.
El orden del día incluye los acuerdos de Graciela del Valle Vázquez, como jueza Civil y Comercial; María de las Mercedes Carrizo, propuesta como fiscal de Instrucción; y de Silvio Maza Villalba, como defensor de menores, todos de la capital.