El conflicto por la posesión de tres hectáreas fiscales ubicadas en La Higuera, Choromoro, será dirimido en el ámbito judicial. El gobernador, José Alperovich, resolvió ayer no intervenir en la disputa generada entre los presuntos poseedores del predio y el comisionado comunal de la localidad, Luis Angel Díaz. "Por prudencia y por respeto, dejaremos que la Justicia decida qué es lo correcto", reconoció el fiscal de Estado, Antonio Estofán.
Díaz llegó ayer a Casa de Gobierno en busca de respaldo político para su proyecto de construcción de viviendas sociales dentro del inmueble en litigio, pero se retiró del palacio gubernamental sin un compromiso formal de apoyo. "Me dijo (por Alperovich) que esperemos lo que resuelva la Justicia. Entiendo su decisión y me allano a lo que se dictamine en esferas judiciales", dijo el delegado rural. "Estoy cansado, hice todo lo que pude. Que ellos hagan lo que crean conveniente", agregó.
El funcionario mantiene desde 2004 un enfrentamiento con la sucesión de Antonio García Morales. Estos reclaman la posesión de las tierras, puesto que las explotan desde 1958. Así lo dictaminaron la Dirección de Catastro y la Fiscalía de Estado, que aconsejaron la adjudicación del campo, con cargo, en favor de los particulares. En forma paralela, Díaz gestionó ante el Poder Ejecutivo la cesión de los terrenos a la comuna, con el objetivo de emplazar allí un barrio. Inclusive, según lo reconoció el comisionado a LA GACETA, durante la última semana de noviembre avaló la instalación precaria de 12 personas en el terreno.
"En su momento, dictaminamos la adjudicación de acuerdo con la documentación que obraba en el expediente. Qué ocurrió tras esas actuaciones lo desconocemos; por eso el gobernador decidió dejar todo en manos de la Justicia", explicó el fiscal de Estado.
Con la determinación del mandatario provincial, el destino de los lotes quedó en manos de la jueza de Paz de Choromoro, Leticia Mamaní. La funcionaria debe hacer lugar o rechazar un amparo a la simple tenencia que presentó la administradora de la sucesión, María Beatriz García.
La sucesión de Antonio García Morales inicia en 2004 los trámites para obtener la titularidad de las tierras que explotan en La Higuera.
El comisionado rural gestiona la cesión de ese predio a manos de la comuna de Choromoro. En noviembre, 12 familias ocupan los terrenos.
Ayer, el gobernador decidió no intervenir en el conflicto. La jueza de Paz de Choromoro debe resolver un amparo por la tenencia de las tierras.
Díaz llegó ayer a Casa de Gobierno en busca de respaldo político para su proyecto de construcción de viviendas sociales dentro del inmueble en litigio, pero se retiró del palacio gubernamental sin un compromiso formal de apoyo. "Me dijo (por Alperovich) que esperemos lo que resuelva la Justicia. Entiendo su decisión y me allano a lo que se dictamine en esferas judiciales", dijo el delegado rural. "Estoy cansado, hice todo lo que pude. Que ellos hagan lo que crean conveniente", agregó.
El funcionario mantiene desde 2004 un enfrentamiento con la sucesión de Antonio García Morales. Estos reclaman la posesión de las tierras, puesto que las explotan desde 1958. Así lo dictaminaron la Dirección de Catastro y la Fiscalía de Estado, que aconsejaron la adjudicación del campo, con cargo, en favor de los particulares. En forma paralela, Díaz gestionó ante el Poder Ejecutivo la cesión de los terrenos a la comuna, con el objetivo de emplazar allí un barrio. Inclusive, según lo reconoció el comisionado a LA GACETA, durante la última semana de noviembre avaló la instalación precaria de 12 personas en el terreno.
"En su momento, dictaminamos la adjudicación de acuerdo con la documentación que obraba en el expediente. Qué ocurrió tras esas actuaciones lo desconocemos; por eso el gobernador decidió dejar todo en manos de la Justicia", explicó el fiscal de Estado.
Con la determinación del mandatario provincial, el destino de los lotes quedó en manos de la jueza de Paz de Choromoro, Leticia Mamaní. La funcionaria debe hacer lugar o rechazar un amparo a la simple tenencia que presentó la administradora de la sucesión, María Beatriz García.
LA PELEA POR LOS PREDIOS DEL ESTADO
La sucesión de Antonio García Morales inicia en 2004 los trámites para obtener la titularidad de las tierras que explotan en La Higuera.
El comisionado rural gestiona la cesión de ese predio a manos de la comuna de Choromoro. En noviembre, 12 familias ocupan los terrenos.
Ayer, el gobernador decidió no intervenir en el conflicto. La jueza de Paz de Choromoro debe resolver un amparo por la tenencia de las tierras.







