La causa en trámite en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán contra el legislador Juan Enrique Orellana sería remitida a la Cámara Federal. El cuerpo que estudia el expediente se inclinaría por conceder la casación reclamada tanto por la acusación como por la defensa.
Orellana está procesado por contaminación ambiental en Famaillá, producida cuando fue intendente municipal (1999/2003), y existía un basural a cielo abierto cercano al río Seco, afluente del Río Famaillá. En el lugar se arrojaban restos sanitarios y residuos urbanos, según la denuncia original fechada en 2000. Junto a él está también siendo juzgado el ex funcionario de su Gobierno, Miguel Antonio Robledo.
La resolución estaría consensuada por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Raúl Daniel Bejas (ejerce el cargo en forma interina, hasta que se sustancie el concurso para cubrir la vacante que dejó Emilio Sarrulle, jubilado).
El tribunal había resuelto pedir el desafuero de Orellana antes de someterlo a juicio oral. Esta decisión fue objetada por el fiscal federal general Gustavo Gómez, cuando subrogó al fiscal federal ante ese cuerpo, Alfredo Terraf. Gómez aseguró que no es necesario ese paso en esta etapa del proceso, atento a lo prescripto por la ley 25.320, que regula el régimen de los fueros nacionales.
Nulidad requerida
La oportunidad de esa medida también fue objetada por el abogado defensor de Orellana y de Robledo, Nicolás Pedro Brito, que consideró que debió haber sido solicitada antes de tomarles declaración indagatoria, conforme a la Constitución provincial, lo que devendría en nulo a todo lo actuado durante la instrucción de la causa.
Los magistrados rechazaron ese argumento, al tiempo que confirmaron la competencia del Tribunal Oral para entender en este proceso. La negativa del planteo de inconstitucionalidad fue un paso previo a la inminente concesión del recurso de casación interpuesto por la defensa.
Orellana está procesado por contaminación ambiental en Famaillá, producida cuando fue intendente municipal (1999/2003), y existía un basural a cielo abierto cercano al río Seco, afluente del Río Famaillá. En el lugar se arrojaban restos sanitarios y residuos urbanos, según la denuncia original fechada en 2000. Junto a él está también siendo juzgado el ex funcionario de su Gobierno, Miguel Antonio Robledo.
La resolución estaría consensuada por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Raúl Daniel Bejas (ejerce el cargo en forma interina, hasta que se sustancie el concurso para cubrir la vacante que dejó Emilio Sarrulle, jubilado).
El tribunal había resuelto pedir el desafuero de Orellana antes de someterlo a juicio oral. Esta decisión fue objetada por el fiscal federal general Gustavo Gómez, cuando subrogó al fiscal federal ante ese cuerpo, Alfredo Terraf. Gómez aseguró que no es necesario ese paso en esta etapa del proceso, atento a lo prescripto por la ley 25.320, que regula el régimen de los fueros nacionales.
Nulidad requerida
La oportunidad de esa medida también fue objetada por el abogado defensor de Orellana y de Robledo, Nicolás Pedro Brito, que consideró que debió haber sido solicitada antes de tomarles declaración indagatoria, conforme a la Constitución provincial, lo que devendría en nulo a todo lo actuado durante la instrucción de la causa.
Los magistrados rechazaron ese argumento, al tiempo que confirmaron la competencia del Tribunal Oral para entender en este proceso. La negativa del planteo de inconstitucionalidad fue un paso previo a la inminente concesión del recurso de casación interpuesto por la defensa.







