La pelea entre los seis jueces de Faltas de la Municipalidad de la capital y el Departamento Ejecutivo que conduce Domingo Amaya, llegó a la Legislatura. En su última sesión y, por unanimidad, el cuerpo aprobó un proyecto de resolución solicitando a la intendencia que envíe todos los antecedentes del polémico caso.
Los parlamentarios quieren conocer las resoluciones que motivaron el pedido de juri de enjuiciamiento contra los jueces municipales Marcos Manuel Alzabé, Francisco José Michel, Jorge Poviña, Graciela Baillo de Malaspina, Estela Martínez de Chehuán y Gerardo Poliche Iturbe.
Facultades de control
El pedido de informe puso especial énfasis en una auditoría realizada por la Contaduría General del municipio en setiembre. El trabajo estuvo a cargo de María Rosa Albornoz, Jorge Alfredo Visintini, Marcela Gorosito e Inés Ercilia Aráoz y fue coordinado por la responsable del área, Patricia Beltrán de Salido.
El bussista Ernesto Padilla, autor del proyecto de resolución, explicó que en esa auditoría quedó comprobado que los problemas en el Tribunal de Faltas municipal obedecen a la falta de infraestructura del organismo y no a la desidia o mora de los jueces.
"La Legislatura tiene facultades para controlar los actos de los municipios. Queremos conocer si se está actuando dentro de la ley o si es una maniobra con intereses políticos", concluyó.
Los parlamentarios quieren conocer las resoluciones que motivaron el pedido de juri de enjuiciamiento contra los jueces municipales Marcos Manuel Alzabé, Francisco José Michel, Jorge Poviña, Graciela Baillo de Malaspina, Estela Martínez de Chehuán y Gerardo Poliche Iturbe.
Facultades de control
El pedido de informe puso especial énfasis en una auditoría realizada por la Contaduría General del municipio en setiembre. El trabajo estuvo a cargo de María Rosa Albornoz, Jorge Alfredo Visintini, Marcela Gorosito e Inés Ercilia Aráoz y fue coordinado por la responsable del área, Patricia Beltrán de Salido.
El bussista Ernesto Padilla, autor del proyecto de resolución, explicó que en esa auditoría quedó comprobado que los problemas en el Tribunal de Faltas municipal obedecen a la falta de infraestructura del organismo y no a la desidia o mora de los jueces.
"La Legislatura tiene facultades para controlar los actos de los municipios. Queremos conocer si se está actuando dentro de la ley o si es una maniobra con intereses políticos", concluyó.







