Dos abogados se diferencian del sumario judicial

“En ningún juicio bajo nuestra responsabilidad profesional se intentó cobrar nada que el Estado no debiera a raíz de su unilateral decisión de declararse en cesación de pagos. Y, por supuesto, en ningún caso se ampliaron las cuentas durante el transcurso de los procesos”. Las afirmaciones pertenecen a los abogados Agustina Carbonell y José Espejo, quienes -mediante una nota- refutaron el informe del Consejo de la Magistratura referido a maniobras presuntamente ilícitas detectadas en los juzgados federales con asiento en Tucumán, para el cobro supuestamente indebido de bonos de la deuda pública en default.
Los letrados plantearon que sus actuaciones siempre se ajustaron a derecho y repudiaron el hecho de ser mencionados en el sumario judicial. “Hasta lo que sabemos, del casi centenar de juicios promovidos que intentaron cobrar los títulos en default emitidos por el Estado nacional, habría una sola causa -según el informe-, en la que se han verificado alteraciones en el monto de las cuentas de valores. No tenemos ninguna relación profesional con dicho juicio”, afirmaron.
Se refieren a la causa de Inés Yolanda Bórquez, quien, como titular de bonos por U$S 620.000, reclamó que se declare inconstitucional la pesificación de esos títulos. A través de una medida cautelar, el juez Felipe Terán ordenó al Estado que se abstenga de aplicar esa medida y que le pague a la mujer la renta mensual (intereses) en dólares o, en su defecto, su valor en pesos.

Detalle de las actuaciones
“Los juicios analizados que tienen nuestro patrocinio común (son “Nahas de Saade, Elsa Esther contra Poder Ejecutivo Nacional sobre inconstitucionalidad-; “Saade, Fernando Pablo y otros contra PEN”; y “Saade, Fernando Pablo contra Estado Nacional sobre inconstitucionalidad”-) tratan sobre títulos de una misma familia, adquiridos mucho antes de diciembre de 2001”, dijeron Carbonell y Espejo.
“En ellos, jamás se modificaron los montos demandados. Sólo se persiguió recuperar lo ahorrado y confiado al Estado nacional, que a comienzos de 2002 defraudó la confianza de miles de ahorristas argentinos y extranjeros. No hubiese habido ningún reclamo judicial si el Estado hubiera honrado sus deudas”, afirmaron.
Carbonell recordó, además, que renunció a patrocinar esos casos a poco de que se iniciaron. Respecto del juicio “Montejano, Antonio Juan contra Estado Nacional sobre inconstitucionalidad” (llevado sólo por ella), indicó que el titular de los títulos optó (luego de promovida la demanda) por acogerse al canje, por lo que comunicó de inmediato que desistía de la acción.
Con relación al expediente “Alfaro Moreno, Carlos Contra PEN sobre inconstitucionalidad”, Espejo (sólo él la patrocinó) puntualizó que la causa no tiene más trámite que su inicio.