La Procuración involucra a varios abogados del Estado

BUENOS AIRES (De nuestro enviado especial, Fabio Ariel Ladetto).- El informe de la Procuración del Tesoro de la Nación, acerca de las presuntas irregularidades detectadas en la tramitación de expedientes para el cobro de títulos en default, involucra a varios abogados del Estado en las maniobras que hubiesen significado millones de dólares de pérdida para el erario.
Los letrados del Gobierno central intervinientes son la tercera pata de una operación presuntamente anómala, junto con las partes civiles (accionantes y abogados particulares) que reclamaron el retiro en efectivo y en dólares de títulos que estaban congelados, y con la necesaria participación de funcionarios o magistrados de los juzgados federales tucumanos que conducen Jorge Parache y Felipe Federico Terán.
Esta explicación fue transmitida a LA GACETA por encumbrados funcionarios de esa repartición, ante la ausencia de su titular, Osvaldo Guglielmino. El funcionario se encuentra representando al país en Washington, en audiencias ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones (CIADI), sobre causas por la quiebra de la empresa estadounidense Enron.
De las conclusiones de la Procuración sólo se extrajeron tres copias, que fueron entregadas al Ministerio de Economía de la Nación; al Consejo de la Magistratura de la Nación (realizó auditorías en Tucumán y en un juzgado de Santa Fe); y al fiscal federal tucumano Carlos Brito, quien investiga si se produjeron delitos penales en ocho expedientes.

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La Procuración sólo tiene incidencia sobre la actuación de los representantes del Estado, ya que opera como jefe del cuerpo de abogados de la Nación. No puede avanzar sobre la parte privada ni sobre los jueces federales o sus empleados.
El documento de esta institución fue la base para la auditoría que alcanzó a Parache y a Terán, quienes están siendo investigados en la comisión de Acusación del CM, desde donde se podría solicitar su juicio político o el archivo de lo actuado. Acerca de los abogados particulares, le corresponderá actuar al Colegio de Abogados a través de su comisión de Etica.
En la oficina de Guglielmino, las cosas están más complicadas. Trascendió que las averiguaciones son de tal gravedad que derivarán, casi seguramente, en una investigación administrativa más profunda o en sumarios para sancionar a quienes participaron en nombre del Estado y no protegieron adecuadamente sus intereses (la graduación va desde un llamado de atención hasta la exoneración del cargo). La alternativa de cerrar este expediente está inicialmente descartada.
Al regreso del procurador general de los EE.UU. se avanzará en la toma de decisiones. Se calcula que el secreto del informe podría ser levantado en la última semana de este año. De las 100 causas relevadas, las potenciales irregularidades se encontraron en más de una docena.