Dudan sobre el destino de lotes fiscales

El gobernador intervendrá en el conflicto generado entre el delegado rural y los poseedores.

Por Redacción Política 07 Diciembre 2005
El Poder Ejecutivo aún no definió cuál será el destino que tendrán las tres hectáreas de tierras fiscales ubicadas en Choromoro y reclamadas por particulares que la explotan desde 1958. El fiscal de Estado adjunto, Rogelio Mercado, aclaró que la decisión final sobre la adjudicación de los terrenos o la cesión a la comuna quedó en manos del gobernador José Alperovich.
Los representantes de la sucesión de Antonio García Morales iniciaron en 2004 los trámites para obtener la titularidad de los predios. El 25 de julio de 2005, el director de Catastro, Félix Herrero, notificó al secretario de Coordinación con Municipios y Comunas, Sergio Mansilla, que el campo es propiedad del Estado, pero que se encuentra bajo la ocupación y la explotación agrícola de la mencionada sucesión. “Por eso, esta autoridad aconseja favorablemente la incorporación de la sucesión de García Morales como adjudicatarios de los lotes”, expresó Herrero en el escrito.
Treinta días después, el fiscal Mercado reconoció en un dictamen que la posesión se encuentra probada y que, conforme a la normativa vigente, corresponde la tasación de los terrenos para su adjudicación. La Comisión de Tasación valuó el inmueble en unos $ 25.000. Ayer, en tanto, Mercado dejó abierta la posibilidad de que las actuaciones administrativas tomen un nuevo rumbo. “Todo quedó a estudio y conversación del gobernador y del fiscal (Antonio) Estofán. Hasta aquí se mantiene todo lo actuado, ya que no hubo ningún dictamen nuevo”, dijo.
Lo que podría alterar los procedimientos son las recientes ocupaciones irregulares que protagonizaron en esas tierras 12 familias de trabajadores de la comuna y de beneficiarios de planes sociales. El propio comisionado comunal de Choromoro, Luis Díaz, reconoció que alentó el asentamiento porque pretende construir allí un barrio. El viernes, Díaz pidió a la Fiscalía de Estado que suspenda todos los trámites de adjudicación.

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