Miceli reclamó que las provincias sostengan el equilibrio fiscal

La ministra delineó los ejes económicos y pidió que se contenga el gasto público en el país. En principio, no habría distritos castigados por incumplimientos de las metas establecidas en la ley que limita la suba de las erogaciones y de la deuda.

DEBUT. Miceli expuso sus acciones ante los ministros provinciales. A su lado, Fernández y Garvich (derecha).   DYN
DEBUT. Miceli expuso sus acciones ante los ministros provinciales. A su lado, Fernández y Garvich (derecha). DYN
07 Diciembre 2005
En menos de media hora, Felisa Miceli trazó ayer los lineamientos de su gestión: superávit en las cuentas públicas; un dólar a $ 3; tasas de interés bajas; cuidar las reservas monetarias y contener los precios. Esos ejes de la política económica fueron expuestos por la titular del Palacio de Hacienda ante una veintena de ministros de Economía provinciales -entre ellos el de Tucumán, Jorge Jiménez-.
En Buenos Aires, Miceli encabezó la primera reunión como presidenta del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que integran los ministros del interior del país. Estos evaluaron las acciones como una continuidad de las políticas que trazó Roberto Lavagna. Sin embargo, hubo una frase que sonó con fuerza en el Salón Padilla del Palacio de Hacienda. “Deben continuar en la senda del equilibrio fiscal y, si es posible, con superávit en las cuentas”, indicó Miceli para cerrar su discurso de presentación. En otros términos, la ministra reclamó a las provincias que los distritos del país no aumenten, en 2006, el gasto público y el endeudamiento.
Luego, los ministros provinciales presentes continuaron con el debate, pero sin Miceli. Durante ese tramo de la reunión, en el que participaron el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, y el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Carlos Fernández (dos funcionarios de la era Lavagna), presentaron las primeras proyecciones respecto del resultado fiscal de 2005. Como conclusión surgió que ninguno de los distritos incumpliría las metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por lo tanto, no habría castigos, ya que, según los ministros, habría control en el gasto y una paulatina reducción de la deuda pública. No obstante, los informes finales se conocerán en junio de 2006.
Consultado por LA GACETA, el ministro Jiménez indicó que, más allá de la política macroeconómica enunciada ayer, Miceli aplicará otras acciones que favorecerán a las provincias. “Habrá $ 1.500 millones para promocionar la actividad productiva y, además, se avanzará en subsidios fiscales para fomentar la inversión en el interior”, dijo.


Compensarán deudas con un título a 20 años

El equipo de trabajo de la ministra de Economía, Felisa Miceli, tiene que resolver tres temas que son de debate constante en el marco de la relación Nación-Provincias: el nuevo régimen de coparticipación, el Plan de Financiamiento Ordenado (PFO) y la compensación de deudas.
Ni los ministros provinciales ni los funcionarios del Palacio de Hacienda quieren hablar sobre el nuevo régimen de distribución de los fondos coparticipables. Es posible que su debate también se postergue en 2006.
Sobre el PFO del año próximo, el Gobierno tucumano tratará de cerrar un acuerdo con la Nación antes de Navidad. La Provincia reclamaría un préstamo de $ 250 millones para pagar parte de los vencimientos de la deuda pública del año que viene.
En cambio, la compensación de deudas entre la Nación y las provincias ya forma parte de la discusión. Según trascendió ayer, en Buenos Aires, hasta el 8 de mayo, las provincias y el Ministerio de Economía de la Nación deberán tener listos los informes para iniciar las negociaciones.
En principio estaría convenido que el Gobierno nacional emita un título público a 20 años de plazo de pago y una tasa anual de interés del 3% para abonarles las deudas a las provincias. A su vez, los distritos deudores deberán pagar, de la coparticipación, en el mismo plazo a la Nación lo que se determine como deuda exigible. Se estima que Tucumán tendría viejas acreencias por $ 100 millones, pero también adeudaría al Gobierno federal unos $ 80 millones.




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