Por Redacción Política
06 Diciembre 2005
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El proceso de licitación del servicio de recolección de residuos llegó a un punto en el que encuentra un camino de bifurcaciones. Por un lado, aparece el sendero que conduce al terreno judicial y, por otro, el trayecto hacia el plano político.
Ante ese escenario, los representantes de las cuatro empresas que pugnan en la competencia optaron por el silencio. LA GACETA consultó a los empresarios de las firmas Transportes 9 de Julio SA, Cliba SA, Martin y Martin SA y Diavil SRL, pero en todos los casos prefirieron no hacer declaraciones periodísticas.
El empresario Ricardo Otrino (9 de Julio) dijo que, por ahora, no harán declaraciones, porque el tema está confuso. Además resaltó que hay una causa judicial entre la Municipalidad y uno de los oferentes, en referencia a Diavil SRL. Esta última firma también optó por la misma actitud.
El apoderado legal de esa firma, Pablo Roberto Toledo, explicó que aguardarán hasta el momento en que se abra la propuesta económica de su cliente. Ese acto se realizará mañana, a las 10, en la oficina de la Secretaría de Obras Públicas municipales, en Lavalle y 9 de Julio.
Con esa convocatoria, la Municipalidad acatará el fallo judicial del camarista Carlos Giovanniello (Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo), que ordenó recibir y abrir la propuesta de Diavil. Las otras dos firmas (Cliba SA y Martin y Martin SA) directamente admitieron que no están al tanto del avance del proceso licitatorio.
Negocio millonario
La disputa empresarial parece marcada entre dos empresas: Transportes 9 de Julio SA y Diavil SRL. Ambas compañías procuran obtener la concesión del servicio.
Se trata del contrato más costoso de la Municipalidad. De hecho, el presupuesto oficial se fijó en más de $ 138 millones (sin incluir el IVA), por un acuerdo de siete años. Sin embargo, tres oferentes (Transportes 9 de Julio SA, Cliba SA y Martin y Martin SA) ofrecieron hacer la prestación a un costo promedio de $ 3 millones por mes. Con esas cifras, la facturación treparía a unos $ 252 millones en sólo siete años.
Ante ese escenario, los representantes de las cuatro empresas que pugnan en la competencia optaron por el silencio. LA GACETA consultó a los empresarios de las firmas Transportes 9 de Julio SA, Cliba SA, Martin y Martin SA y Diavil SRL, pero en todos los casos prefirieron no hacer declaraciones periodísticas.
El empresario Ricardo Otrino (9 de Julio) dijo que, por ahora, no harán declaraciones, porque el tema está confuso. Además resaltó que hay una causa judicial entre la Municipalidad y uno de los oferentes, en referencia a Diavil SRL. Esta última firma también optó por la misma actitud.
El apoderado legal de esa firma, Pablo Roberto Toledo, explicó que aguardarán hasta el momento en que se abra la propuesta económica de su cliente. Ese acto se realizará mañana, a las 10, en la oficina de la Secretaría de Obras Públicas municipales, en Lavalle y 9 de Julio.
Con esa convocatoria, la Municipalidad acatará el fallo judicial del camarista Carlos Giovanniello (Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo), que ordenó recibir y abrir la propuesta de Diavil. Las otras dos firmas (Cliba SA y Martin y Martin SA) directamente admitieron que no están al tanto del avance del proceso licitatorio.
Negocio millonario
La disputa empresarial parece marcada entre dos empresas: Transportes 9 de Julio SA y Diavil SRL. Ambas compañías procuran obtener la concesión del servicio.
Se trata del contrato más costoso de la Municipalidad. De hecho, el presupuesto oficial se fijó en más de $ 138 millones (sin incluir el IVA), por un acuerdo de siete años. Sin embargo, tres oferentes (Transportes 9 de Julio SA, Cliba SA y Martin y Martin SA) ofrecieron hacer la prestación a un costo promedio de $ 3 millones por mes. Con esas cifras, la facturación treparía a unos $ 252 millones en sólo siete años.
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