Hoy, a las 9.30, en la sede del Consejo de la Magistratura (Libertad 731, 2º piso de la Capital Federal), tendrá lugar una reunión importante para el futuro de los jueces federales de Tucumán, Jorge Parache y Felipe Terán. A esa hora se reunirá la comisión de Acusación del CM para sortear cuál de sus siete miembros será el encargado de instruir un sumario contra los dos magistrados, a fin de determinar si alguno o ambos incurrieron en una causal de destitución. Las actuaciones fueron dispuestas frente a la sospecha de que se habrían cometido irregularidades durante la tramitación de causas abiertas por particulares para cobrar títulos de la deuda pública, cuyo pago había sido suspendido por el Estado tras la declaración del default, en 2001.
La costumbre establece que, antes de tratar los expedientes del orden del día que cuentan con dictamen, la comisión de Acusación debe proceder a concretar si sorteo. Además, es posible que quien sea señalado por el azar no lleve adelante el sumario, porque el mandato de cuatro de los siete miembros de la comisión concluye el sábado. Ellos son el senador nacional Jorge Yoma y los diputados nacionales María Lelia Chaya, Jorge Casanovas y Juan Jesús Mínguez. En cambio, seguirán trabajando la diputada nacional Marcela Rodríguez (la preside), y los abogados Beinusz Szmukler y Enrique Pereira Duarte.
Si el sorteado fuera uno de los que se va, el sumario será instruido por el senador o diputado que reemplace al saliente.
También es posible que hoy se unifiquen formalmente los dos expedientes que existen sobre el tema. El primero fue el abierto a partir de la denuncia del consejero Szmukler, que pidió al CM una investigación por las noticias de la prensa sobre presuntas irregularidades. El segundo es el que contiene la auditoría practicada por Jorge dal Zotto, jefe del cuerpo de auditores del CM, en los despachos de los magistrados, y que fue determinante para que el CM decidiera abrir un sumario contra Parache y Terán.
El consejero que salga sorteado instruirá un sumario sobre la actuación de los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán durante la tramitación de causas vinculadas al pago de títulos públicos afectados por el default.
El instructor recabará información, producirá pruebas (si lo considera conveniente), llamará a testigos y hasta podrá solicitar a los magistrados que efectúen su descargo. El hecho de que ya existe una auditoría puede simplificar y facilitar las cosas.
Si al término del sumario, el instructor concluye que corresponde someter a los jueces a un proceso de destitución, para que esto proceda el dictamen debería ser avalado por las dos terceras partes del pleno del Consejo de la Magistratura.
La costumbre establece que, antes de tratar los expedientes del orden del día que cuentan con dictamen, la comisión de Acusación debe proceder a concretar si sorteo. Además, es posible que quien sea señalado por el azar no lleve adelante el sumario, porque el mandato de cuatro de los siete miembros de la comisión concluye el sábado. Ellos son el senador nacional Jorge Yoma y los diputados nacionales María Lelia Chaya, Jorge Casanovas y Juan Jesús Mínguez. En cambio, seguirán trabajando la diputada nacional Marcela Rodríguez (la preside), y los abogados Beinusz Szmukler y Enrique Pereira Duarte.
Si el sorteado fuera uno de los que se va, el sumario será instruido por el senador o diputado que reemplace al saliente.
También es posible que hoy se unifiquen formalmente los dos expedientes que existen sobre el tema. El primero fue el abierto a partir de la denuncia del consejero Szmukler, que pidió al CM una investigación por las noticias de la prensa sobre presuntas irregularidades. El segundo es el que contiene la auditoría practicada por Jorge dal Zotto, jefe del cuerpo de auditores del CM, en los despachos de los magistrados, y que fue determinante para que el CM decidiera abrir un sumario contra Parache y Terán.
LOS PROXIMOS PASOS
El consejero que salga sorteado instruirá un sumario sobre la actuación de los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán durante la tramitación de causas vinculadas al pago de títulos públicos afectados por el default.
El instructor recabará información, producirá pruebas (si lo considera conveniente), llamará a testigos y hasta podrá solicitar a los magistrados que efectúen su descargo. El hecho de que ya existe una auditoría puede simplificar y facilitar las cosas.
Si al término del sumario, el instructor concluye que corresponde someter a los jueces a un proceso de destitución, para que esto proceda el dictamen debería ser avalado por las dos terceras partes del pleno del Consejo de la Magistratura.







