Obreros de una comuna se instalaron en lotes del Estado

"Nosotros no vamos a movernos porque este es un terreno fiscal. Aparte, el delegado comunal (Luis Angel Díaz) nos dio orden de que nos instaláramos acá". Quien así se expresa es José Luis Figueroa, un empleado contratado de la comuna de Choromoro y miembro de una de las 12 familias que se asentó en un campo de tres hectáreas explotado desde 1958 por particulares.
En esa localidad tranqueña todos los vecinos están al tanto del conflicto generado entre Díaz y María Beatriz García, la administradora de los predios que posee la sucesión de Antonio García Morales. La mujer inició en 2004 los trámites legales para obtener la titularidad de las tierras y cuenta con dictámenes del Poder Ejecutivo que aconsejan la adjudicación a su favor.
Pero, en la última semana de noviembre, se encontró con individuos que destrozaron su vivienda y subdividieron el terreno en 12 lotes de 17 metros por 30 metros. García responsabilizó a Díaz por la usurpación -quien vive adelante del campo-, ante la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas y hasta presentó un amparo ante la jueza de Paz del lugar, Leticia Mamaní. El propio comisionado comunal reconoció el viernes ante LA GACETA que autorizó a los ocupantes a instalarse allí.
Ayer, los involucrados, en su mayoría empleados comunales o beneficiarios de planes sociales, ratificaron los dichos de Díaz. "Estoy en un lugar que no es mío. Hace seis años que esto está vacío y nadie lo ocupa. Por intermedio del delegado averiguamos y nos vinimos a instalar", relató Horacio Villa desde el frente de su pequeña casilla de madera, que denota una construcción sumamente precaria y concretada con urgencia.

Certificación
"La jueza de Paz certificó el asentamiento. Díaz nos dijo que lo ocupemos porque es fiscal. Yo no tengo en dónde vivir con mi mujer y mis dos hijos. Acá sólo había bolivianos que sembraban y se iban", se justificó, por su parte, Bernardino Casas.