La auditoría de la Procuración del Tesoro complicaría más a los jueces

La auditoría efectuada por la Procuración del Tesoro de la Nación es aún más minuciosa y contundente que la practicada por el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) en los juzgados federales a cargo de Jorge Parache y Felipe Terán. Esta última sirvió para que la comisión de Acusación del CM abriera un sumario contra los dos magistrados. El objetivo es determinar si hubo irregularidades durante la tramitación de causas abiertas para cobrar títulos de la deuda pública cuyo pago había sido suspendido por el Estado tras la declaración del default, en 2001.
Fuentes judiciales que leyeron ambas auditorías confirmaron que el trabajo de la Procuración, además de voluminoso (tiene 300 fojas), comprometería aún más la situación de los jueces. En sus conclusiones el jefe de auditores del CM, Jorge dal Zotto, reconoce la puntillosidad de sus colegas.
"El informe de la Procuración del Tesoro, además de realizar -en lo sustancial- un análisis de la conducta desplegada por los abogados encargados de la defensa jurídica de los intereses del Estado nacional, hizo una serie de observaciones en relación con el trámite de las causas y con la actuación de los órganos jurisdiccionales", admitió Dal Zotto.
Por orden del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del CM, Dal Zotto se instaló en los dos juzgados entre el 27 y el 29 de setiembre. Pero cuando elaboró sus conclusiones, que en 18 fojas se centran en 11 expedientes que despertaron sospechas, tenía a la vista el trabajo de la Procuración.

Defensa de intereses
En un principio, el relevamiento dispuesto por la Auditoría de la Procuración del Tesoro tenía por fin analizar la actuación de los abogados que habían defendido al Estado frente al centenar de demandas planteadas por tenedores de títulos de la deuda pública. Estos reclamaban el pago de los bonos afectados por el default, para lo cual invocaban la declaración de inconstitucionalidad del decreto 471/02, que había dispuesto la pesificación de aquellos títulos. El problema es que fueron detectados casos en los que los títulos reclamados habrían sido adquiridos a posteriori del default (diciembre de 2001).
Por ello, Dal Zotto sugirió que las conclusiones de la Procuración deben ser atemperadas. "Dicho informe proviene de una de las partes que actuó en los distintos expedientes en defensa de los intereses del Estado, razón por la cual -en lo que hace a la Justicia Federal- no puede ser refrendado en todos sus términos, aun cuando cabe destacar su minuciosidad y enjundia", advirtió.
De todas maneras, el auditor reconoció que "puede inferirse la posible existencia de una maniobra delictiva tendiente a defraudar a la administración pública". No obstante, Dal Zatto no cargó todas las tintas sobre los jueces. "Sólo en seis (de los 11) expedientes, el Estado hizo saber al magistrado interviniente que se trataba de títulos adquiridos contemporáneamente con el inicio de la acción", precisó.



El martes se reunirán los siete miembros de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura para sortear cuál de ellos instruirá el sumario contra los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán.
El objetivo es que, al final del sumario, el instructor eleve un informe en el que explique si existen elementos para pedir que los magistrados sean sometidos a un proceso de destitución.
Cuatro de los siete consejeros de la comisión de Acusación (el senador nacional Jorge Yoma y los diputados nacionales Jorge Casanovas, María Lelia Chaya y Juan Jesús Minguez) concluyen sus mandatos dentro de cuatro días. Por ende, si alguno de ellos saliera sorteado, quien vaya a reemplazarlo, a partir del 10 del corriente, será el encargado de concretar la instrucción.
El instructor recabará información, ordenará medidas probatorias, citará a testigos y, si es necesario, llamará a los propios jueces. Luego efectuará un informe, en el que recomendará que la denuncia sea desestimada o, bien, la acusación.