Preocupación de magistrados por el proceso a Freidenberg

El juicio político que atraviesa la camarista penal Alicia Freidenberg ha adquirido trascendencia nacional. Esta semana, el nuevo presidente de la Federación Argentina de Magistrados (FAM), Abel Fleming, vendrá a Tucumán para dialogar con el vicegobernador Fernando Juri, con legisladores y con la acusada. El objetivo es formar criterio propio, para luego fijar la posición institucional sobre el tema.
Uno de los puntos en análisis es la legalidad de la ley que fija el procedimiento en los juicios políticos, ante las amplias facultades otorgadas a la comisión acusadora. La intención es determinar si esas potestades son constitucionales, ya que quien está denunciado no puede cuestionar, opinar o refutar las pruebas y los elementos reunidos en su contra.
El titular de la Asociación de Magistrados de Tucumán, Augusto Avila, confirmó que la situación de Freidenberg es uno de los principales focos de preocupación de la FAM. "Hasta ahora, la comisión de Juicio Político de la Legislatura fue muy criteriosa en el ejercicio de sus facultades, pero el procedimiento de recolección de pruebas es inquisitivo y no garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa", advirtió ayer el camarista civil, reelecto como director de Investigaciones Judiciales de la entidad nacional.

Documento crítico
La FAM emitió un duro documento, en el cual advirtió respecto de acciones en marcha que avanzan sobre la estabilidad de los jueces en distintas provincias. Entre ellas, Avila mencionó los procesos de reforma constitucional, como el que se realizará en Tucumán en 2006.
"Los magistrados reiteramos nuestra convicción de que un auténtico sistema democrático exige un Poder Judicial independiente, sostenido por las garantías constitucionales de inamovilidad e intangibilidad, y legitimado ante la sociedad por sistemas transparentes y justos de designación y remoción de los jueces", planteó la Federación.
El escrito abunda en casos particulares que se registran a nivel nacional o provincial, incluyendo desequilibrios en las remuneraciones y procesos de destitución en trámite, pero sin mencionar a Tucumán. "Las garantías de la Constitución tienen efectos inmediatos para los jueces y mediatos para el pueblo, de igual modo que la libertad e igualdad de los ciudadanos no son susceptibles de ser sometidos a una decisión popular. Se observa, con preocupación, que existe la afectación y la desnaturalización de esas garantías, y se insta a los poderes públicos de los Estados provinciales a converger en acciones comunes que afiancen el sistema democrático", se sostuvo.