Por Redacción Política
03 Diciembre 2005
Seguir en 
En el Colegio de Abogados están preocupados por controlar la conducta de sus colegiados, teniendo en cuenta que la auditoría efectuada por el Consejo de la Magistratura (CM) en los juzgados federales de Tucumán mencionó a algunos estudios jurídicos y a letrados. El análisis de un centenar de expedientes, concretado por el jefe del cuerpo de auditores del CM, Jorge dal Zotto, fue clave para que la comisión de Acusación del CM iniciara un sumario contra los magistrados Jorge Parache y Felipe Terán, por presuntas irregularidades durante la tramitación de causas judiciales vinculadas al cobro de títulos públicos que habían sido afectados por el default.
El presidente y el secretario de la institución, Antonio Bustamante y Francisco García Posse, respectivamente, enviaron notas al procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino; al vicepresidente del CM, Eduardo Orio; a la titular de la Cámara Federal de Tucumán, Graciela Fernández Vecino; y al fiscal federal general, Gustavo Gómez. El texto es similar y solicitan, siempre que el estado de las causas lo permita, copia de las auditorías practicadas por el CM y por la Procuración General del Tesoro de la Nación en los despachos de Terán y de Parache.
"Lo que solicitamos nos resulta necesario para tomar conocimiento de la actuación profesional de los abogados de esta provincia que hubieran intervenido en las causas auditadas atento a las facultades de control disciplinarios que le corresponden a nuestro colegio", manifestaron Bustamante y García Posse.
Las razones
El pedido de la institución se debe a que en las conclusiones de la auditoría del CM, Dal Zotto consignó que correspondía "destacar que en un gran número de las causas compulsadas interviene el estudio del Dr. Daniel Martín". "Cabe aclarar que dicho letrado, juntamente con el Dr. Alfredo Ducca y con el Dr. Diego Rafael Acuña, resultan ser apoderados de Inés Yolanda Borquez, siendo el último de los nombrados abogado en causa propia en el expediente 5.242", agrega el informe.
La causa Borquez es la que desencadenó la auditoría, porque, según un informe del Ministerio de Economía de la Nación, "los U$S 620.000 que originaban el reclamo de la actora (Borquez) habían ingresado a su cuenta dos días antes de la interposición de la demanda y, con posterioridad al dictado de la medida cautelar de diciembre de 2004, en febrero de 2005, habían ingresado otros U$S 4 millones". La cautelar había sido dispuesta por Terán.
La auditoría señala otra cosa: "con una participación menor puede resaltarse también la intervención de los estudios jurídicos de los Dres. José Espejo y Agustina Carbonell; debiendo destacarse que, en algunos casos en los que actúa dicha letrada, se termina desistiendo de la acción o renunciando al patrocinio".
"Las irregularidades podrían exceder las faltas disciplinarias"
La diputada nacional Marcela Rodríguez (ARI) preside la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, que desde el martes instruirá un sumario contra los fiscales federales Jorge Parache y Felipe Terán, por presuntas irregularidades durante la tramitación de causas judiciales vinculadas al cobro de títulos públicos que habían sido afectados por el default. Por eso, prefiere no arriesgar qué puede suceder en el futuro con los magistrados.
Análisis
"En principio, la auditoría practicada en los juzgados federales habría sacado a la luz una serie de irregularidades que, de acreditarse, podrían exceder la mera falta disciplinaria. Por esa razón, la denuncia ha sido asignada a la Comisión de Acusación, aunque ahora hay que hacer un análisis sobre los resultados de la auditoría", afirmó a LA GACETA desde la Capital Federal.
Rodríguez, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del CM, Enrique Petracchi, votaron en favor de que el expediente abierto por la auditoría practicada en los juzgados, en setiembre, fuera girado a la comisión que ella preside.
El objetivo del sumario será determinar si los magistrados incurrieron en alguna causal de destitución. En cambio, el senador nacional Jorge Yoma (PJ) pretendía que el caso sólo pasara a la comisión de Disciplina del CM.
El martes se reunirá la comisión de Acusación, para sortear cuál de sus siete miembros actuará como instructor, a fin de preparar un informe en el que aconsejará si corresponde acusar a los magistrados.
Rodríguez explicó que puede hacer la comisión de ahora en más. "Seguramente habrá que realizar otras medidas de prueba, evaluar si los hechos están probados y escuchar el descargo de los magistrados", concluyó.
El caso es lamentable, dice Danesi
El legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) valoró la decisión de investigar las conductas de los jueces federales Felipe Terán y Jorge Parache. "Es un llamado de atención para aquellos que consideran que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) es ineficiente para sanear la Justicia", mencionó.
Danesi lamentó que el Poder Ejecutivo haya eliminado el CAM por otro mecanismo poco transparente para la cobertura de las vacantes judiciales. "Espero que la lamentable situación de los dos jueces federales sirva para enseñarnos cuán importante es tener un instituto autónomo para supervisar la idoneidad de los magistrados", advirtió.
He aquí algunos datos de la auditoría practicada por Jorge dal Zotto, del Consejo de la Magistratura.
"Camandona, Julio c/ Estado Nacional"
En el expediente 5826/04 "no surge que el Estado Nacional hubiere advertido al Dr. (Felipe) Terán que se trataba de bonos adquiridos con posterioridad a la cesación de pagos". También que, por oficio del 20 de abril de 2005, "se ordenó abonar a la actora más de lo que se había dispuesto en la medida cautelar, sin embargo no consta dicho oficio en las actuaciones".
"Taranto, Antonio c/ Estado Nacional"
El juez Jorge Parache ordenó el pago de los servicios, intereses y capital vencido, reclamado por Taranto. El Estado apeló. Según la auditoría "se informó al magistrado que el accionante había adquirido los bonos con posterioridad a la cesación de pagos -unos pocos días antes de la interposición de la demanda-". Parache no hizo lugar al planteo del Estado.
"Scaravilli Lopez, Alberto c/ Estado Nacional"
Según la auditoría, el Estado Nacional informó que los bonos de la deuda pública reclamados por la actora "habrían sido adquiridos con posterioridad a la cesación de pagos, incluso, un día antes de la interposición de la demanda". "Debe destacarse que el expediente se encuentra en vías de reconstrucción dado que fue extraviado", agregó Dal Zotto. Parache ordenó el pago de renta, servicios, intereses y capital por los bonos vencidos, y el magistrado rechazó la apelación de los letrados del Estado, según el informe.
"Saade, Fernando y otros contra PEN y Ministerio de Economia de la Nación "
El juez Parache dictó una medida cautelar en favor de los actores en este expediente número 2987/04. "No surge de autos que se hubiere manifestado al juez de la causa que los bonos habrían sido adquiridos con posterioridad a la cesación de pagos", señaló la auditoría.
"Saade, Fernando c/ Estado Nacional"
En este expediente (2989/04), según consigna la auditoría, se trata de los mismos actores que los del expediente 2987/04 pero que accionaban por la liquidación de BONTES 2005 (en el otro caso lo hacen por BONTES 2003). "Tampoco surge que se hubiera advertido al magistrado la circunstancia de que los bonos habrían sido adquiridos con posterioridad a la cesación de pagos, de acuerdo a lo que le informó el Ministerio de Economía a la Procuración del Tesoro", señaló Dal Zotto. Los actores aclararon a LA GACETA que "los mencionados títulos fueron comprados con mucha anterioridad al default".
"Fernández, Floreal c/ Estado Nacional"
En el expediente 5710/04, Terán dictó una medida cautelar a favor de Fernández, la que fue apelada por los abogados del Estado. El 24 de agosto de 2005, el Estado Nacional solicitó que se levante la medida cautelar. Argumentó que el actor había adquirido los títulos con posterioridad al default. "Frente a ello, el 20-9-05, el Dr. Terán dispuso el traslado a la contraria de dicha petición y ordenó la suspensión de la ejecución de la medida cautelar", menciona la auditoria.
"Montejano, Juan c/ Estado Nacional "
El expediente 5984/04 se tramitó en el juzgado a cargo de Parache. El 6 de junio fue dictada una medida cautelar, que fue apelada por el Estado. La auditoria del CM consigna que, "en el escrito de apelación, la parte demandada ya mencionaba la posibilidad de que los bonos de la parte actora hubieran sido adquiridos con posterioridad a la cesación de pagos". El Estado, en otro escrito, denunció que "el demandante se había acogido al sistema de canje de la deuda".
"Acuña, Diego contra Estado Nacional"
En setiembre, cuando fue concretada la auditoría, Dal Zotto señaló que se trataba de un expediente en vías de reconstrucción dado que, según "el informe de la Dra. Sara Caporaletti, secretaria del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, luego de una exhaustiva búsqueda no pudo ser habido". En esta causa, según Dal Zotto, el juez Terán ordenó el pago y rechazó la apelación del Estado, pese a que este había informado que "los bonos de la actora había sido adquiridos en setiembre de 2004". "Conviene hacer notar que a fojas 173 de la causa ?Borquez? obra copia de un oficio dirigido a la Caja de Valores S.A., suscripto por el Dr. Terán en la causa ?Acuña?, en el que se ordena depositar el dinero correspondiente a las liquidaciones realizadas (rentas, amortizaciones, etcétera.) vencidas y a a vencer posteriormente de la cuenta comitente", dice el informe.
"Alfaro Moreno, Carlos c/PEN"
La última actuación se había tramitada el 27 de junio en el juzgado de Parache, "no habiéndose dictado medida cautelar alguna", según la auditoría.
"Nahas de Saade, Elsa c/ PEN"
"De la compulsa efectuada no surge que el Estado se hubiere presentado en dichas actuaciones. Sí se ha dictado medida cautelar el 11 de noviembre de 2004", expresa el informe.
El presidente y el secretario de la institución, Antonio Bustamante y Francisco García Posse, respectivamente, enviaron notas al procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino; al vicepresidente del CM, Eduardo Orio; a la titular de la Cámara Federal de Tucumán, Graciela Fernández Vecino; y al fiscal federal general, Gustavo Gómez. El texto es similar y solicitan, siempre que el estado de las causas lo permita, copia de las auditorías practicadas por el CM y por la Procuración General del Tesoro de la Nación en los despachos de Terán y de Parache.
"Lo que solicitamos nos resulta necesario para tomar conocimiento de la actuación profesional de los abogados de esta provincia que hubieran intervenido en las causas auditadas atento a las facultades de control disciplinarios que le corresponden a nuestro colegio", manifestaron Bustamante y García Posse.
Las razones
El pedido de la institución se debe a que en las conclusiones de la auditoría del CM, Dal Zotto consignó que correspondía "destacar que en un gran número de las causas compulsadas interviene el estudio del Dr. Daniel Martín". "Cabe aclarar que dicho letrado, juntamente con el Dr. Alfredo Ducca y con el Dr. Diego Rafael Acuña, resultan ser apoderados de Inés Yolanda Borquez, siendo el último de los nombrados abogado en causa propia en el expediente 5.242", agrega el informe.
La causa Borquez es la que desencadenó la auditoría, porque, según un informe del Ministerio de Economía de la Nación, "los U$S 620.000 que originaban el reclamo de la actora (Borquez) habían ingresado a su cuenta dos días antes de la interposición de la demanda y, con posterioridad al dictado de la medida cautelar de diciembre de 2004, en febrero de 2005, habían ingresado otros U$S 4 millones". La cautelar había sido dispuesta por Terán.
La auditoría señala otra cosa: "con una participación menor puede resaltarse también la intervención de los estudios jurídicos de los Dres. José Espejo y Agustina Carbonell; debiendo destacarse que, en algunos casos en los que actúa dicha letrada, se termina desistiendo de la acción o renunciando al patrocinio".
"Las irregularidades podrían exceder las faltas disciplinarias"
La diputada nacional Marcela Rodríguez (ARI) preside la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, que desde el martes instruirá un sumario contra los fiscales federales Jorge Parache y Felipe Terán, por presuntas irregularidades durante la tramitación de causas judiciales vinculadas al cobro de títulos públicos que habían sido afectados por el default. Por eso, prefiere no arriesgar qué puede suceder en el futuro con los magistrados.
Análisis
"En principio, la auditoría practicada en los juzgados federales habría sacado a la luz una serie de irregularidades que, de acreditarse, podrían exceder la mera falta disciplinaria. Por esa razón, la denuncia ha sido asignada a la Comisión de Acusación, aunque ahora hay que hacer un análisis sobre los resultados de la auditoría", afirmó a LA GACETA desde la Capital Federal.
Rodríguez, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del CM, Enrique Petracchi, votaron en favor de que el expediente abierto por la auditoría practicada en los juzgados, en setiembre, fuera girado a la comisión que ella preside.
El objetivo del sumario será determinar si los magistrados incurrieron en alguna causal de destitución. En cambio, el senador nacional Jorge Yoma (PJ) pretendía que el caso sólo pasara a la comisión de Disciplina del CM.
El martes se reunirá la comisión de Acusación, para sortear cuál de sus siete miembros actuará como instructor, a fin de preparar un informe en el que aconsejará si corresponde acusar a los magistrados.
Rodríguez explicó que puede hacer la comisión de ahora en más. "Seguramente habrá que realizar otras medidas de prueba, evaluar si los hechos están probados y escuchar el descargo de los magistrados", concluyó.
El caso es lamentable, dice Danesi
El legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) valoró la decisión de investigar las conductas de los jueces federales Felipe Terán y Jorge Parache. "Es un llamado de atención para aquellos que consideran que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) es ineficiente para sanear la Justicia", mencionó.
Danesi lamentó que el Poder Ejecutivo haya eliminado el CAM por otro mecanismo poco transparente para la cobertura de las vacantes judiciales. "Espero que la lamentable situación de los dos jueces federales sirva para enseñarnos cuán importante es tener un instituto autónomo para supervisar la idoneidad de los magistrados", advirtió.
BAJO LA LUPA
He aquí algunos datos de la auditoría practicada por Jorge dal Zotto, del Consejo de la Magistratura.
"Camandona, Julio c/ Estado Nacional"
En el expediente 5826/04 "no surge que el Estado Nacional hubiere advertido al Dr. (Felipe) Terán que se trataba de bonos adquiridos con posterioridad a la cesación de pagos". También que, por oficio del 20 de abril de 2005, "se ordenó abonar a la actora más de lo que se había dispuesto en la medida cautelar, sin embargo no consta dicho oficio en las actuaciones".
"Taranto, Antonio c/ Estado Nacional"
El juez Jorge Parache ordenó el pago de los servicios, intereses y capital vencido, reclamado por Taranto. El Estado apeló. Según la auditoría "se informó al magistrado que el accionante había adquirido los bonos con posterioridad a la cesación de pagos -unos pocos días antes de la interposición de la demanda-". Parache no hizo lugar al planteo del Estado.
"Scaravilli Lopez, Alberto c/ Estado Nacional"
Según la auditoría, el Estado Nacional informó que los bonos de la deuda pública reclamados por la actora "habrían sido adquiridos con posterioridad a la cesación de pagos, incluso, un día antes de la interposición de la demanda". "Debe destacarse que el expediente se encuentra en vías de reconstrucción dado que fue extraviado", agregó Dal Zotto. Parache ordenó el pago de renta, servicios, intereses y capital por los bonos vencidos, y el magistrado rechazó la apelación de los letrados del Estado, según el informe.
"Saade, Fernando y otros contra PEN y Ministerio de Economia de la Nación "
El juez Parache dictó una medida cautelar en favor de los actores en este expediente número 2987/04. "No surge de autos que se hubiere manifestado al juez de la causa que los bonos habrían sido adquiridos con posterioridad a la cesación de pagos", señaló la auditoría.
"Saade, Fernando c/ Estado Nacional"
En este expediente (2989/04), según consigna la auditoría, se trata de los mismos actores que los del expediente 2987/04 pero que accionaban por la liquidación de BONTES 2005 (en el otro caso lo hacen por BONTES 2003). "Tampoco surge que se hubiera advertido al magistrado la circunstancia de que los bonos habrían sido adquiridos con posterioridad a la cesación de pagos, de acuerdo a lo que le informó el Ministerio de Economía a la Procuración del Tesoro", señaló Dal Zotto. Los actores aclararon a LA GACETA que "los mencionados títulos fueron comprados con mucha anterioridad al default".
"Fernández, Floreal c/ Estado Nacional"
En el expediente 5710/04, Terán dictó una medida cautelar a favor de Fernández, la que fue apelada por los abogados del Estado. El 24 de agosto de 2005, el Estado Nacional solicitó que se levante la medida cautelar. Argumentó que el actor había adquirido los títulos con posterioridad al default. "Frente a ello, el 20-9-05, el Dr. Terán dispuso el traslado a la contraria de dicha petición y ordenó la suspensión de la ejecución de la medida cautelar", menciona la auditoria.
"Montejano, Juan c/ Estado Nacional "
El expediente 5984/04 se tramitó en el juzgado a cargo de Parache. El 6 de junio fue dictada una medida cautelar, que fue apelada por el Estado. La auditoria del CM consigna que, "en el escrito de apelación, la parte demandada ya mencionaba la posibilidad de que los bonos de la parte actora hubieran sido adquiridos con posterioridad a la cesación de pagos". El Estado, en otro escrito, denunció que "el demandante se había acogido al sistema de canje de la deuda".
"Acuña, Diego contra Estado Nacional"
En setiembre, cuando fue concretada la auditoría, Dal Zotto señaló que se trataba de un expediente en vías de reconstrucción dado que, según "el informe de la Dra. Sara Caporaletti, secretaria del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, luego de una exhaustiva búsqueda no pudo ser habido". En esta causa, según Dal Zotto, el juez Terán ordenó el pago y rechazó la apelación del Estado, pese a que este había informado que "los bonos de la actora había sido adquiridos en setiembre de 2004". "Conviene hacer notar que a fojas 173 de la causa ?Borquez? obra copia de un oficio dirigido a la Caja de Valores S.A., suscripto por el Dr. Terán en la causa ?Acuña?, en el que se ordena depositar el dinero correspondiente a las liquidaciones realizadas (rentas, amortizaciones, etcétera.) vencidas y a a vencer posteriormente de la cuenta comitente", dice el informe.
"Alfaro Moreno, Carlos c/PEN"
La última actuación se había tramitada el 27 de junio en el juzgado de Parache, "no habiéndose dictado medida cautelar alguna", según la auditoría.
"Nahas de Saade, Elsa c/ PEN"
"De la compulsa efectuada no surge que el Estado se hubiere presentado en dichas actuaciones. Sí se ha dictado medida cautelar el 11 de noviembre de 2004", expresa el informe.
Lo más popular
Ranking notas premium
