Rechazaron el pedido de nulidad de Freidenberg

La camarista penal Alicia Freidenberg no concurrió ayer a la sesión del Tribunal de la Legislatura, donde se leyó la acusación de 71 páginas en su contra, formulada por la comisión de Juicio Político. En su representación estuvieron los abogados José Agustín Ferrari y Mario Eberlé, quienes intentaron, sin éxito, que se declare la nulidad de lo actuado.
Ferrari es un conocido penalista y fue defensor de la diputada nacional electa Beatriz Rojkés de Alperovich en la causa PIBE. Eberlé tiene una extensa trayectoria en el peronismo (saludó afectuosamente a varios legisladores oficialistas, tanto de la comisión acusadora como del Tribunal). Fue fiscal de Estado del gobierno justicialista de José Domato.
La primera actuación como defensores consistió en plantear errores en la notificación que recibió la magistrada el martes pasado. Alegaron que no había una correcta imputación de las irregularidades cometidas por la camarista en los permisos de salida otorgados al asesino Luis Tolosa, quien se fugó en agosto.

Sin perjuicio
La comisión acusadora negó esa crítica, lo que fue compartido por el Tribunal, que desestimó el escrito, al destacar que la acusación formal se concreta recién con la lectura realizada ayer. "No existe perjuicio ni se ve conculcado el derecho de defensa de la acusada", votaron por unanimidad los jueces-legisladores. El presidente del cuerpo, Ernesto Padilla, consideró que el planteo fue extemporáneo, y que ahora podrán esgrimir todas las defensas.
Ferrari pidió la reconsideración de lo resuelto, lo que también fue negado por el carácter de irrecurrible de las decisiones del Tribunal. Entonces, adelantó que podría accionar judicialmente por entender vulnerados los principios constitucionales y los pactos internacionales.

Plazos
La sesión duró, en total, más de 4 horas. Comenzó con la incorporación del radical Roberto Palina al Tribunal, y concluyó cuando se resolvió correr traslado formal de la acusación. Ahora, la magistrada tiene hasta el lunes 26 para elevar su descargo, que será leído en el recinto en las siguientes 48 horas. Como es un plazo máximo, puede presentar antes el escrito.
El cuerpo resolverá la sustanciación de las pruebas que ofrezca cada parte. Por la acusación, se presentó una docena de documentos y se pidió que se cite a 20 testigos, entre los que figuran el ministro fiscal, Luis de Mitri, y Olga Rivadeneira de Cisterna, madre de Luis Cisterna, asesinado por Tolosa.


"Tras cada sanción disciplinaria; tras cada pelea con sus compañeros; tras cada incautación de droga; tras cada quita de trabajo; tras cada denuncia de otros internos, Alicia Freidenberg premiaba a Alberto Tolosa con una visita a su abuelo. Las innumerables salidas autorizadas le sirvieron para organizar su fuga". El texto forma parte de la acusación formulada ayer por Sisto Terán y por Carlos Canevaro, en representación de la comisión de Juicio Político. Leer las 71 hojas de la imputación por negligencia y mal desempeño en sus funciones, contra la presidenta de la Sala VI de la Cámara en lo Penal, insumió dos horas.
Se recordó que Tolosa fue detenido en julio de 1998 por el crimen del remisero Luis Cisterna. El 30 de junio de 2000 fue condenado a prisión perpetua, y en marzo de 2001 visitó a su abuelo por primera vez. Se fugó el 12 de agosto y hasta ese día había tenido 29 permisos de salida (12 para ver a su abuelo). "La ecuación es escandalosa si recordamos que nos referimos a un condenado a prisión perpetua por homicidio agravado", afirmaron.

Falta de precisiones
La comisión no cuestionó la potestad de Freidenberg en conceder permisos de salida, sino que denunció un ejercicio negligente de su facultad y que la magistrada "omitió considerar piezas fundamentales que evidenciaban claramente que Tolosa no era merecedor de esos beneficios, ya que surgía palmaria su peligrosidad y la relación conflictiva que tenía con la ley, con la autoridad y con los otros presos".
Los acusadores destacaron que en el expediente no se pidieron precisiones sobre los informes psicológicos. Indicaron que los permisos fueron concedidos sin correr vista al fiscal de Cámara, trámite que fue señalado por el ministro fiscal Luis de Mitri como necesario, como también la firma de los tres jueces de la sala. En una sola oportunidad consultó a la fiscal Juana Prieto de Sólimo, quien emitió una opinión desfavorable.


"La decisión de renunciar en un proceso de juicio político es personal, indelegable e íntima. Mi opinión carece de cualquier valor ante cuestiones de estricta responsabilidad y subjetividad", sostuvo ayer José Agustín Ferrari, el defensor de la camarista penal Alicia Freidenberg ante el Tribunal de la Legislatura.
La versión de que la magistrada se inclinaría por dejar su cargo para hacer caer el trámite de destitución circuló con fuerza ayer, y se aventuró que sería inminente su definición.
Ferrari destacó que el proceso se desarrolló con orden y respeto, más allá de que no se hizo lugar a sus planteos de nulidad, lo que motivó su reserva para actuar judicialmente contra lo que se resuelva. "En democracia, el sistema de control de las atribuciones de poderes en la hipótesis de una desviación en su ejercicio (lo que no implica irregularidad) faculta y obliga a cualquier ciudadano a ir a la Justicia en su defensa. Debemos garantizar la plena vigencia de los derechos y de las libertades", señaló.
Resaltó que ahora dispone de 15 días hábiles para efectuar su descargo. "Todo forma parte de un análisis sobre los pasos a seguir, que se consensuarán con la camarista", apuntó. Consideró que su impugnación estaba bien fundamentada, aunque fue rechazada por el Tribunal.
"A partir de cada paso del proceso, iremos viendo cómo actuamos", concluyó.