El concepto de presión fiscal se ve influenciado por numerosos factores y su análisis debe hacerse no sólo en valores absolutos (desde el punto de vista de su cuantía), sino cualitativo, que considere su composición misma.
Tucumán, en términos absolutos -y a pesar de ciertas estadísticas que le otorgan una triste posición de privilegio-, no presenta una presión fiscal que se aleje de la existente en otras provincias. Las diferencias entre éstas son de matices. Esta presión se hace insoportable cuando en el concepto involucramos a los distintos niveles de gobierno -Nación, provincias y municipios- que se han olvidado que el contribuyente es uno y, como tal, no puede estar sometido a la voracidad fiscal, que lo ataca desde distintos sectores con una presión que supera límites de razonabilidad. Tucumán no es una isla y está inmersa en este mecanismo perverso que es nuestro esquema tributario, asentado en impuestos regresivos y distorsivos y sin ninguna coordinación entre jurisdicciones. El problema sustancial se presenta cuando analizamos la composición cualitativa de la presión fiscal y vemos ahí problemas significativos, que se han venido agudizando en los últimos tiempos.
Impuesto de Sellos: en un lugar de privilegio se encuentran los impuestos distorsivos que desalientan la actividad económica, estando a la cabeza el anacrónico impuesto de Sellos, que es una creación que puede haber sido razonable hace unos siglos atrás, pero hoy, en la época de la globalización, no tiene otra razón de ser que generar ingresos fiscales, aún cuando el precio de ello sea atacar la economía.
Salud pública: en una posición similar, aún cuando de menor significación económica relativa, está este tributo, que desalienta la contratación de personal, situación contradictoria cuando se debe fomentar el empleo para enfrentar la pobreza endémica que afecta a gran parte de la sociedad. Ingresos Brutos: este no deja de ser un impuesto netamente distorsivo, que se aplica sobre las ventas en general, independientemente del margen de utilidad. Debería instrumentarse como un impuesto en la etapa minorista. Lamentablemente, este tributo tiene una aplicación generalizada en el país y su desaparición sólo puede estar vinculada con una política de coordinación fiscal que escapa a las actuales posibilidades de manejo exclusivo de la provincia. No es así para los señalados en primer término, para los cuales solo se requiere la voluntad política necesaria para afrontar los cambios en el sistema tributario.
Inmobiliario: como contrapartida, este refleja adecuadamente la capacidad contributiva. Presenta significativas distorsiones, que hacen que no alcance con equidad a los contribuyentes (padrones no declarados o edificaciones que tributan como baldíos). Una adecuada tarea de revalúo y determinación catastral es esencial a los fines de llevar igualdad en la carga de este tributo. Esto estaría pronto a ser solucionado a partir de los comentarios que denotan que se realiza en este aspecto. Por supuesto que esto excede el marco irracional de un ajuste general e igualitario, que sólo aumenta la desigualdad del tributo.
Ahora bien, si este natural incremento de la recaudación que generará el revalúo catastral no se acompaña con la decisión política de ajustar los impuestos distorsivos, el esfuerzo no habrá valido la pena. En este análisis de la presión fiscal no puede dejar de destacarse el agravamiento del problema de la "excesiva presión fiscal" que se produce cuando el organismo recaudador actúa con facultades que lo colocan en un nivel superior al de los contribuyentes, sin garantizar la posibilidad por parte de estos de un ejercicio adecuado de la defensa de sus derechos. Como ejemplo puede señalarse la pertinaz negativa del gobierno para poner en funcionamiento el Tribunal Fiscal provincial, o la posibilidad que tiene el organismo de recaudación para determinar deudas sin siquiera escuchar al administrado.
Las condiciones de superávit fiscal y el próximo revalúo catastral colocan a Tucumán ante la posibilidad de encarar con éxito una profunda reforma fiscal, que asegure la equidad, aliente la producción y el desarrollo de los negocios, con la generación de empleos que ellos implica. El Gobierno tiene la palabra, nosotros sólo la esperanza.
