La situación de uno de los jueces sería más complicada tras la auditoría

Sigue sin definirse la situación de los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán. Ayer, finalmente, no se reunieron los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) que debían decidir si la comisión de Acusación o la de Disciplina tiene que estudiar el caso. Dos meses atrás, el CM ordenó una auditoría por supuestas irregularidades durante la tramitación de causas judiciales relacionadas con el pago de títulos públicos afectados por el default.
Hasta las 14 sesionó el plenario del CM, pero después no hizo lo mismo el denominado comité de asignación. A este lo integran los titulares de las comisiones de Acusación, la diputada nacional Marcela Rodríguez (Ari), y de Disciplina, el senador nacional Jorge Yoma (justicialismo). Este último no asistió al CM, motivo por el cual el encuentro fue postergado para el lunes. Los asesores legales de los parlamentarios analizan varias alternativas a partir de las conclusiones del informe del jefe del cuerpo de auditores del CM, Jorge dal Zotto, con número de expediente 456/05. Entre el 27 y el 28 de setiembre, el funcionario se instaló en los Tribunales de Las Piedras al 400 y expurgó el casi centenar de causas sobre el que pesa la sospecha de maniobras irregulares entre abogados de importantes estudios jurídicos y funcionarios judiciales.

Varias hipótesis
Según fuentes del CM, la situación de uno de los jueces es más complicada que la del otro, aunque no arriesgan nombres. Por ello, los asesores evalúan la posibilidad de que el expediente sea desglosado, y lo atinente a un magistrado sea analizado por la comisión de Acusación y la del otro, por la de Disciplina. Si tal cosa no fuera posible, la causa sería girada a una de ambas comisiones.
Si el expediente completo fuera enviado a Disciplina, el o los jueces sólo se harían acreedores -a lo sumo- de una sanción de carácter administrativo. A favor de esta hipótesis jugaría el hecho de que la situación descripta por los auditores ya se dio en otras provincias. Pero advierten que si del trámite en Disciplina surgieran elementos comprometedores, el caso podría ser derivado a Acusación. Esta última sería la encargada de verificar si concurre alguna de las causales previstas para la destitución de un juez. La auditoría fue ordenada por una medida cautelar concedida por Terán a una tenedora de bonos caídos en default, que luego tenía acreditados casi U$S 5 millones en su cuenta.

En Córdoba también hubo un caso similar En Córdoba hubo un caso que también conmocionó a la Justicia Federal de esa provincia. El magistrado federal número uno, Ricardo Bustos Fierro, fue sometido a una investigación penal y a una actuación del Consejo de la Magistratura (CM) de la Nación, pero de ambas instancias salió indemne. Se le imputaba presuntas irregularidades en la tramitación de amparos contra el corralito financiero.
Las sospechas contra Bustos Fierro comenzaron en febrero de 2004, como consecuencia de una inspección ordenada por la Cámara Federal. Poco antes, uno de los vocales de ese tribunal, Luis Rueda, había declarado al diario "La Voz del Interior" que había jueces coimeros (sic).
La Cámara Federal giró la causa al fiscal federal Gustavo Vidal Lascano (luego asumió como fiscal general de la provincia). El juez federal Alejandro Sánchez Freytes concluyó que en el caso, a lo sumo, podría haber una falta administrativa, por lo que derivó el expediente al CM.
El 3 de junio, durante una reunión plenaria y por mayoría, el CM resolvió archivar las actuaciones por la situación excepcional que vivió la Justicia a raíz de la medidas económicas dispuestas tras la crisis de 2001.