Alicia Freidemberg esperará a conocer los fundamentos de la acusación en su contra, resuelta por la comisión de Juicio Político de la Legislatura el miércoles, para definir su estrategia de defensa en el proceso que podría terminar con su destitución. Sin embargo ayer, en un breve diálogo con LA GACETA, se mostró confiada. "Tengo la tranquilidad de haber actuado dentro de ley", manifestó la camarista penal.
Freidemberg está acusada por haber autorizado al asesino del remisero Luis Cisterna, Alfredo Tolosa, a salir del penal de Villa Urquiza. Tolosa aprovechó uno de esos permisos para fugarse.
Olga Rivadeneira de Cisterna, madre de la víctima, impulsó la denuncia en contra de la magistrada. La comisión de Juicio Político entendió que la magistrada había actuado en forma imprudente. Un dictamen del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, terminó de definir el criterio de los parlamentarios porque señaló que la magistrada no fue precavida en las oportunidades en que aprobó las salidas de Tolosa. La camarista penal será notificada el martes de la decisión adoptada con el voto de la mayoría de los miembros de la comisión de Juicio Político. Sólo el justicialista Raúl Hadla se excusó de entender en el caso.
Plazos
Ese día, Freidemberg quedará suspendida automáticamente del ejercicio de su cargo, hasta que un tribunal integrado por 28 legisladores dicte sentencia. El proceso comenzará el miércoles y el plazo para dictar sentencia expirará el 24 de enero.
La acusación contra Freidemberg obligará a la Legislatura a extender su actividad durante casi todo el primer mes de 2006. La ley de Juicio Político prevé que, una vez producida la acusación, el Tribunal debe definir si destituye o absuelve al acusado en un plazo de 60 días. El cronograma del juicio contra la camarista penal determina que el 2 de diciembre se lea la acusación en el recinto, que el 28 de diciembre se presenten las excepciones y defensas, y que el 13 de enero se lean los alegatos.
El 16 de enero se realizará una sesión secreta para discutir el mérito de la causa y el 24 del mismo mes, en una reunión pública, se pronunciará la resolución.
El Tribunal parlamentario tiene plazo hasta el 28 de enero para redactar la sentencia. La Ley de Juicio Político establece que la renuncia del funcionario acusado, en cualquier tramo del proceso, genera la caducidad automática de todo el trámite.
Freidemberg está acusada por haber autorizado al asesino del remisero Luis Cisterna, Alfredo Tolosa, a salir del penal de Villa Urquiza. Tolosa aprovechó uno de esos permisos para fugarse.
Olga Rivadeneira de Cisterna, madre de la víctima, impulsó la denuncia en contra de la magistrada. La comisión de Juicio Político entendió que la magistrada había actuado en forma imprudente. Un dictamen del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, terminó de definir el criterio de los parlamentarios porque señaló que la magistrada no fue precavida en las oportunidades en que aprobó las salidas de Tolosa. La camarista penal será notificada el martes de la decisión adoptada con el voto de la mayoría de los miembros de la comisión de Juicio Político. Sólo el justicialista Raúl Hadla se excusó de entender en el caso.
Plazos
Ese día, Freidemberg quedará suspendida automáticamente del ejercicio de su cargo, hasta que un tribunal integrado por 28 legisladores dicte sentencia. El proceso comenzará el miércoles y el plazo para dictar sentencia expirará el 24 de enero.
La acusación contra Freidemberg obligará a la Legislatura a extender su actividad durante casi todo el primer mes de 2006. La ley de Juicio Político prevé que, una vez producida la acusación, el Tribunal debe definir si destituye o absuelve al acusado en un plazo de 60 días. El cronograma del juicio contra la camarista penal determina que el 2 de diciembre se lea la acusación en el recinto, que el 28 de diciembre se presenten las excepciones y defensas, y que el 13 de enero se lean los alegatos.
El 16 de enero se realizará una sesión secreta para discutir el mérito de la causa y el 24 del mismo mes, en una reunión pública, se pronunciará la resolución.
El Tribunal parlamentario tiene plazo hasta el 28 de enero para redactar la sentencia. La Ley de Juicio Político establece que la renuncia del funcionario acusado, en cualquier tramo del proceso, genera la caducidad automática de todo el trámite.







