Hace casi un año, Susana Leoni Auad comenzó el trámite para cobrar la indemnización que paga el Estado nacional a los ex detenidos desaparecidos.
Esta arquitecta de 52 años, empleada de la Municipalidad, afirmó haber estado en ese carácter entre abril de 1976 y julio de 1977, en distintos campos clandestinos. Su pedido para recibir $ 30.000 fue clave para que los organismos de derechos humanos comprobasen su identidad y lograsen su detención como presunta agente de servicios de inteligencia, infiltrada en la UNT.
Auad ayer estuvo frente al juez federal Jorge Parache, pero no se le tomó declaración indagatoria porque, según afirmó su abogado Ezequiel Avila Gallo (hijo), no estaba bien formulada la imputación de los hechos por los cuales se la acusa. La audiencia se retomaría hoy, desde las 8.30. "Nuestro criterio es que declare. Mi cliente continúa detenida, pero comunicada", afirmó el defensor. Por la parte civil, actúa José Manuel Molina.
La abogada querellante, Laura Figueroa, afirmó que Leoni Auad estaba identificada por testimonios de los gendarmes Omar Torres y Antonio Cruz como una persona que gozaba de privilegios dentro del Arsenal Miguel de Azcuénaga, que participó de sesiones de interrogatorios y que salía en vehículos para identificar a militantes. "Ella tenía relación con la guardia y dormía en una casilla común", dijo.
Esta arquitecta de 52 años, empleada de la Municipalidad, afirmó haber estado en ese carácter entre abril de 1976 y julio de 1977, en distintos campos clandestinos. Su pedido para recibir $ 30.000 fue clave para que los organismos de derechos humanos comprobasen su identidad y lograsen su detención como presunta agente de servicios de inteligencia, infiltrada en la UNT.
Auad ayer estuvo frente al juez federal Jorge Parache, pero no se le tomó declaración indagatoria porque, según afirmó su abogado Ezequiel Avila Gallo (hijo), no estaba bien formulada la imputación de los hechos por los cuales se la acusa. La audiencia se retomaría hoy, desde las 8.30. "Nuestro criterio es que declare. Mi cliente continúa detenida, pero comunicada", afirmó el defensor. Por la parte civil, actúa José Manuel Molina.
La abogada querellante, Laura Figueroa, afirmó que Leoni Auad estaba identificada por testimonios de los gendarmes Omar Torres y Antonio Cruz como una persona que gozaba de privilegios dentro del Arsenal Miguel de Azcuénaga, que participó de sesiones de interrogatorios y que salía en vehículos para identificar a militantes. "Ella tenía relación con la guardia y dormía en una casilla común", dijo.







