Desde ayer, el legislador justicialista Juan Enrique Orellana tiene 10 días hábiles para recurrir una importante sentencia. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal ratificó su competencia para entender en la causa que le siguen por presunta contaminación ambiental, peligrosa para la salud, en Famaillá, cuando se desempeñó como intendente de esa ciudad entre 1999 y 2003.El abogado del parlamentario, Nicolás Brito, hizo reserva del caso federal para eventualmente llevar la cuestión ante la Corte Suprema de la Nación por medio de un recurso extraordinario. No obstante, también podría interponer un recurso de casación.
El letrado había planteado que la causa pasara a la órbita de la Justicia provincial, porque Tucumán se adhirió a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. En consecuencia, según su visión, las infracciones contra aquella norma (supuestamente por esto es investigado Orellana) deben ser juzgadas por los tribunales locales. También sostuvo que a Orellana le deben aplicar las disposiciones procesales tucumanas, que exigen que un legislador sea previamente desaforado antes de ser citado a declarar.
Efectos provinciales
Los vocales Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Daniel Bejas desestimaron la excepción de incompetencias que había deducido Brito. Concluyeron que en el caso podía plantearse una contaminación con efectos interprovinciales. Orellana está imputado por la aparición en 2000 de residuos peligrosos en las márgenes del río Seco, que se une al río Famaillá con el nombre de Colorado.
Si el fallo queda firme se reanudarán los plazos de la causa, actualmente paralizados. Sólo entonces, el cuerpo podrá analizar la procedencia del recurso de casación (contra la sentencia) que dedujo el fiscal federal general, Pedro Gómez. Este afirma que, en virtud de la Ley 25.320, no es necesario desaforar a Orellana para que pueda ser sometido a un juicio oral, como esgrimieron los vocales.
El letrado había planteado que la causa pasara a la órbita de la Justicia provincial, porque Tucumán se adhirió a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. En consecuencia, según su visión, las infracciones contra aquella norma (supuestamente por esto es investigado Orellana) deben ser juzgadas por los tribunales locales. También sostuvo que a Orellana le deben aplicar las disposiciones procesales tucumanas, que exigen que un legislador sea previamente desaforado antes de ser citado a declarar.
Efectos provinciales
Los vocales Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Daniel Bejas desestimaron la excepción de incompetencias que había deducido Brito. Concluyeron que en el caso podía plantearse una contaminación con efectos interprovinciales. Orellana está imputado por la aparición en 2000 de residuos peligrosos en las márgenes del río Seco, que se une al río Famaillá con el nombre de Colorado.
Si el fallo queda firme se reanudarán los plazos de la causa, actualmente paralizados. Sólo entonces, el cuerpo podrá analizar la procedencia del recurso de casación (contra la sentencia) que dedujo el fiscal federal general, Pedro Gómez. Este afirma que, en virtud de la Ley 25.320, no es necesario desaforar a Orellana para que pueda ser sometido a un juicio oral, como esgrimieron los vocales.







