22 Noviembre 2005 Seguir en 
A tres meses del cierre del plan de facilidades de pago, la Dirección General de Rentas consideró que este es el momento para reactivar las demandas contra aquellos contribuyentes que aún mantienen su conducta morosa.
En ese contexto, el organismo recaudador anunció que reiniciará juicios contra 7.000 deudores que no cumplieron con los requisitos del plan de pagos o que no regularizaron su situación por otra vía.
El titular de Rentas, Pablo Clavarino, indicó ayer a LA GACETA que, en los últimos 10 días, unos 1.500 contribuyentes ya fueron notificados sobre sus incumplimientos. En los próximos días, los 15 abogados que tienen a su cargo la tarea de demandar a los morosos continuarán enviando expedientes a la Justicia. E s posible que de los 7.000 casos sólo 4.000 ingresen a los Juzgados de Cobro y Apremios en lo que resta del año.
"Sólo estamos denunciando los incumplimientos para continuar, luego, con las demandas y las caducidades de los planes", señaló Clavarino. Entre mayo y julio pasado, el Gobierno instrumentó un plan de facilidades para la regularización de deudas impositivas hasta en 36 cuotas mensuales. A ese programa se adhirieron 35.000 contribuyentes, de los cuales el 20% no cumplió con los requisitos y perderá el beneficio.
Pese al inicio de las demandas, el titular de Rentas indicó que los morosos pueden acercarse al organismo para establecer si están a tiempo de evitar el cobro ejecutivo (que incluye embargo de bienes) y pagar las cuotas vencidas. "Cada contribuyente sabe perfectamente cuál es su situación, más allá de que no hayan recibido la notificación sobre el inicio de la demanda", puntualizó.
Clavarino destacó que los juicios se iniciarán, en primer lugar, contra los grandes contribuyentes, sobre deudas superiores a los $ 20.000. "Sobre el resto de los deudores accionaremos de acuerdo con la capacidad de trabajo del organismo y en una tarea que será permanente", dijo.
Más allá del trámite judicial, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, explicó que la falta de pago puede llegar hasta la clausura del negocio. "Se acabó el tiempo de gracia, y esta acción de Rentas es seria, porque sólo busca recuperar lo que los contribuyentes le deben al Estado", enfatizó.
"Un anzuelo"
A las demandas contra los morosos se suma la decisión del Gobierno de revaluar los inmuebles y de controlar la facturación de las ventas comerciales de fin de año.
El tributarista Víctor Bono evaluó que el plan de pagos sirvió "como un anzuelo que favorecía al contribuyente, pagando la deuda con comodidad, pero también al Estado, que no necesitará la novación de deuda para ejecutar a los morosos".
"Es lógico que el Gobierno pretenda cobrar la deuda, como sancionar al contribuyente que no declaró las mejoras en sus viviendas", indicó. Pero, al mismo tiempo, advirtió: "estas medidas deben ser aplicadas en forma gradual, de tal modo que se concientice al público".
Sobre el control en la facturación comercial, previsto para diciembre, Bono afirmó que tiene efectos de propaganda, porque podría realizarse mediante el control en el sistema bancario, como lo hace la AFIP. "Si se aplican medidas violentas, se corre el riesgo de perder contribuyentes, cuando el objetivo debería apuntar a cuidar la gallina de los huevos de oro", sintetizó.
En ese contexto, el organismo recaudador anunció que reiniciará juicios contra 7.000 deudores que no cumplieron con los requisitos del plan de pagos o que no regularizaron su situación por otra vía.
El titular de Rentas, Pablo Clavarino, indicó ayer a LA GACETA que, en los últimos 10 días, unos 1.500 contribuyentes ya fueron notificados sobre sus incumplimientos. En los próximos días, los 15 abogados que tienen a su cargo la tarea de demandar a los morosos continuarán enviando expedientes a la Justicia. E s posible que de los 7.000 casos sólo 4.000 ingresen a los Juzgados de Cobro y Apremios en lo que resta del año.
"Sólo estamos denunciando los incumplimientos para continuar, luego, con las demandas y las caducidades de los planes", señaló Clavarino. Entre mayo y julio pasado, el Gobierno instrumentó un plan de facilidades para la regularización de deudas impositivas hasta en 36 cuotas mensuales. A ese programa se adhirieron 35.000 contribuyentes, de los cuales el 20% no cumplió con los requisitos y perderá el beneficio.
Pese al inicio de las demandas, el titular de Rentas indicó que los morosos pueden acercarse al organismo para establecer si están a tiempo de evitar el cobro ejecutivo (que incluye embargo de bienes) y pagar las cuotas vencidas. "Cada contribuyente sabe perfectamente cuál es su situación, más allá de que no hayan recibido la notificación sobre el inicio de la demanda", puntualizó.
Clavarino destacó que los juicios se iniciarán, en primer lugar, contra los grandes contribuyentes, sobre deudas superiores a los $ 20.000. "Sobre el resto de los deudores accionaremos de acuerdo con la capacidad de trabajo del organismo y en una tarea que será permanente", dijo.
Más allá del trámite judicial, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, explicó que la falta de pago puede llegar hasta la clausura del negocio. "Se acabó el tiempo de gracia, y esta acción de Rentas es seria, porque sólo busca recuperar lo que los contribuyentes le deben al Estado", enfatizó.
"Un anzuelo"
A las demandas contra los morosos se suma la decisión del Gobierno de revaluar los inmuebles y de controlar la facturación de las ventas comerciales de fin de año.
El tributarista Víctor Bono evaluó que el plan de pagos sirvió "como un anzuelo que favorecía al contribuyente, pagando la deuda con comodidad, pero también al Estado, que no necesitará la novación de deuda para ejecutar a los morosos".
"Es lógico que el Gobierno pretenda cobrar la deuda, como sancionar al contribuyente que no declaró las mejoras en sus viviendas", indicó. Pero, al mismo tiempo, advirtió: "estas medidas deben ser aplicadas en forma gradual, de tal modo que se concientice al público".
Sobre el control en la facturación comercial, previsto para diciembre, Bono afirmó que tiene efectos de propaganda, porque podría realizarse mediante el control en el sistema bancario, como lo hace la AFIP. "Si se aplican medidas violentas, se corre el riesgo de perder contribuyentes, cuando el objetivo debería apuntar a cuidar la gallina de los huevos de oro", sintetizó.







