La Justicia rechazó un planteo de Orellana

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán ratificó su competencia para entender en la causa contra el legislador justicialista Juan Enrique Orellana por presunta contaminación ambiental en Famaillá cuando se desempeñó como intendente de esa ciudad entre 1999 y 2003.
Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Raúl Bejas desestimaron los argumentos del abogado del parlamentario, Nicolás Brito. Este afirmaba que, como Tucumán se adhirió a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, las infracciones (supuestamente por esto es investigado Orellana) deben ser juzgadas por la Justicia provincial. El letrado agregaba que, entonces, había que aplicar las normas procesales locales que exigen que un legislador sea previamente privado de sus fueros para que pueda declarar como imputado.
Los vocales recordaron que la causa es por la existencia de residuos peligrosos en las márgenes del río Seco, que se une al río Famaillá con el nombre de Colorado, antes de confluir en el Salí, que desemboca en Santiago del Estero. "Cabe sostener la competencia de nuestro tribunal porque existe la posibilidad hipotética de una contaminación con efectos más allá de los límites de Tucumán", esgrimieron.
Los magistrados aclararon otra cosa. "Durante la instrucción no se desprende que se haya afectado la función del órgano legislativo, ni el debido proceso, ni el derecho de defensa del imputado", concluyeron.