La posibilidad de que haya investigaciones en paralelo encaradas por los dos jueces federales, Jorge Parache y Felipe Terán, para determinar la existencia de tumbas de desaparecidos en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, motivó al fiscal federal general, Gustavo Gómez, a pedir una definición sobre cuál magistrado debe actuar en la causa.
El funcionario solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones que requiera los expedientes que impulsa cada juez por separado para dilucidar la cuestión, ya que habría dos trámites en marcha con el mismo objetivo. Hasta tanto, deberían suspenderse los plazos procesales.
Recientemente, Terán efectuó inspecciones oculares en el terreno militar y ordenó acordonamientos y la realización de pericias, que podrían incluir excavaciones en busca de fosas comunes, a partir de un expediente abierto en este año. Las mismas medidas habían sido pedidas en una causa que tramita Parache, iniciada mucho tiempo antes por Adelaida Carloni de Campopiano.
Gómez admitió que tiene la presunción de estar "no sólo frente a un caso de competencia por conexión, sino ante la posible violación del principio de non bis in idem, en una clara doble persecución penal".
Medidas probatorias
La abogada de los organismos de derechos humanos, Laura Figueroa, había sostenido que Terán lleva adelante sólo medidas procesales para asegurar pruebas en los ex Arsenales, las que se acumularán a la causa central sobre el funcionamiento de un centro clandestino en ese lugar, que está a cargo de Parache.
Figueroa también denunció que hubo incendios intencionales de pastizales en el lugar, lo que interpretó como actos intimidatorios o de venganza contra el juez federal Terán y también para provocar daños destinados a dificultar la pesquisa.
"Es hora de que la Cámara Federal de Apelaciones deje de mirar al otro lado y apoye con fondos, personal y equipamiento estas investigaciones. Parache tiene que llamar a declaración indagatoria a todos los efectivos del Ejército, de la Gendarmería y de las Policías Provincial y Federal mencionados en las causas antes de fin de año, y ordenar que el ex gobernador Antonio Bussi vuelva a Tucumán, se someta a los médicos forenses locales y que sea alojado en una cárcel común", reclamó.
El funcionario solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones que requiera los expedientes que impulsa cada juez por separado para dilucidar la cuestión, ya que habría dos trámites en marcha con el mismo objetivo. Hasta tanto, deberían suspenderse los plazos procesales.
Recientemente, Terán efectuó inspecciones oculares en el terreno militar y ordenó acordonamientos y la realización de pericias, que podrían incluir excavaciones en busca de fosas comunes, a partir de un expediente abierto en este año. Las mismas medidas habían sido pedidas en una causa que tramita Parache, iniciada mucho tiempo antes por Adelaida Carloni de Campopiano.
Gómez admitió que tiene la presunción de estar "no sólo frente a un caso de competencia por conexión, sino ante la posible violación del principio de non bis in idem, en una clara doble persecución penal".
Medidas probatorias
La abogada de los organismos de derechos humanos, Laura Figueroa, había sostenido que Terán lleva adelante sólo medidas procesales para asegurar pruebas en los ex Arsenales, las que se acumularán a la causa central sobre el funcionamiento de un centro clandestino en ese lugar, que está a cargo de Parache.
Figueroa también denunció que hubo incendios intencionales de pastizales en el lugar, lo que interpretó como actos intimidatorios o de venganza contra el juez federal Terán y también para provocar daños destinados a dificultar la pesquisa.
"Es hora de que la Cámara Federal de Apelaciones deje de mirar al otro lado y apoye con fondos, personal y equipamiento estas investigaciones. Parache tiene que llamar a declaración indagatoria a todos los efectivos del Ejército, de la Gendarmería y de las Policías Provincial y Federal mencionados en las causas antes de fin de año, y ordenar que el ex gobernador Antonio Bussi vuelva a Tucumán, se someta a los médicos forenses locales y que sea alojado en una cárcel común", reclamó.







