Procesan a la ex intendenta de Trancas porcontaminación

La ex intendenta de Trancas, Silvia Graciela Maturana, fue procesada por el juez federal Felipe Terán por presunta contaminación ambiental, referida al manejo de los residuos del matadero municipal de esa ciudad. La misma decisión recayó sobre el veterinario Domingo Viscido, que estaba encargado de las tareas. Sobre los bienes de cada uno se trabó embargo por $ 20.000. La medida fue apelada ante la Cámara Federal.
El magistrado consideró que, en una primera interpretación de los hechos, los desechos del matadero fueron arrojados de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera, en el canal de riego Unquillal, que nace en el pozo San Francisco y descarga en el río Salí en forma subterránea.
Terán sostuvo que los procesados "actuaron presuntamente cometiendo los hechos descriptos con imprudencia, negligencia, impericia en la profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas".
Recordó que para dictar el procesamiento no es necesaria una certidumbre que no deje lugar a dudas, como lo exige la sentencia condenatoria, sino que basta con que la sospecha inicial se consolide.
Maturana fue intendenta entre diciembre de 2004 y principios de este mes, en reemplazo del actual titular de la Caja Popular de Ahorros, Osvaldo Jaldo. Ocupó el cargo como presidenta del Concejo Deliberante, hasta que la sustituyó en ese puesto Enrique Bethencourt, quien hoy conduce el municipio.
La concejala negó las acusaciones y afirmó que todas las tareas en el matadero se hacían cumpliendo controles sanitarios e higiénicos, hasta que se cerró el establecimiento a fines de abril de este año. Viscido agregó que siempre respetaron la Ley Federal de Carnes y las disposiciones del Siprosa, y que los líquidos de la faena no entraban en contacto con ningún curso de agua.

En Monteros
Terán también dispuso el procesamiento de Luis Alfredo Wettstein, como socio gerente del frigorífico Josam (ubicado en esa localidad del sur), sobre quien trabó embargo por $ 20.000.
La decisión fue adoptada también por contaminación ambiental, al haberse detectado la salida de fluidos con varios parámetros por encima de los valores máximos permitidos, según pericias de la Policía Federal y de la Dirección de Saneamiento Ambiental.