Por Redacción Política
22 Noviembre 2005
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El pedido de Jury de Enjuiciamiento que efectuó el fiscal municipal, Leonardo Szachniuk, contra seis jueces del Tribunal de Faltas de San Miguel de Tucumán, agitó el ambiente político de la capital.
Por un lado, puso en alerta a los jueces Marcos Manuel Alzabé, Francisco José Michel, Jorge Raúl Poviña, Graciela Baillo de Malaspina, Estela Martínez de Chehuán y Gerardo Poliche Iturbe que están en la mira de la intendencia. Y, por otro lado, provocó la aparición de otros documentos, como es el resultado de una auditoría que ordenó la Contaduría General del municipio.
La responsable de esa área, Patricia Beltrán de Salido, recibió el informe el 22 de setiembre; la auditoría estuvo a cargo de María Rosa Albornoz, Jorge Alfredo Visintini, Marcela Gorosito e Inés Ercilia Aráoz.
Equipamiento
Los auditores concluyeron que uno de los motivos de prescripción de causas que se tramitan en el Tribunal de Faltas es la carencia de infraestructura informática en esa repartición.
"La falta de diligenciamiento de las causas judiciales obedece a la carencia de medios adecuados para su tramitación, y en especial cuando se trata de aquellos infractores o imputados con domicilio legal fuera de la capital", afirmaron.
A esa situación se agrega el hecho de no contar con sistemas de registros informáticos adecuados y con capacidad para el resguardo de toda la documentación o de las causas que ingresan a diario en la repartición, según informaron. En ese trabajo presentado a la contadora Beltrán se consignó que las conclusiones son parciales, porque aún resta analizar más documentación que ya fue solicitada a otros organismos municipales.
Por un lado, puso en alerta a los jueces Marcos Manuel Alzabé, Francisco José Michel, Jorge Raúl Poviña, Graciela Baillo de Malaspina, Estela Martínez de Chehuán y Gerardo Poliche Iturbe que están en la mira de la intendencia. Y, por otro lado, provocó la aparición de otros documentos, como es el resultado de una auditoría que ordenó la Contaduría General del municipio.
La responsable de esa área, Patricia Beltrán de Salido, recibió el informe el 22 de setiembre; la auditoría estuvo a cargo de María Rosa Albornoz, Jorge Alfredo Visintini, Marcela Gorosito e Inés Ercilia Aráoz.
Equipamiento
Los auditores concluyeron que uno de los motivos de prescripción de causas que se tramitan en el Tribunal de Faltas es la carencia de infraestructura informática en esa repartición.
"La falta de diligenciamiento de las causas judiciales obedece a la carencia de medios adecuados para su tramitación, y en especial cuando se trata de aquellos infractores o imputados con domicilio legal fuera de la capital", afirmaron.
A esa situación se agrega el hecho de no contar con sistemas de registros informáticos adecuados y con capacidad para el resguardo de toda la documentación o de las causas que ingresan a diario en la repartición, según informaron. En ese trabajo presentado a la contadora Beltrán se consignó que las conclusiones son parciales, porque aún resta analizar más documentación que ya fue solicitada a otros organismos municipales.
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