Unos 70 "sabuesos" de Rentas verificarán las ventas de fin de año

Diciembre será un mes de un fuerte repunte de la actividad comercial, ya que el Estado decidió volcar al circuito financiero provincial alrededor de $ 180 millones con el pago de dos sueldos y del medio aguinaldo al personal del sector público. Ante la reactivación del consumo en Tucumán, los funcionarios del Poder Ejecutivo están convencidos de que crecerán las ventas y, por ende, la facturación de los locales comerciales instalados en toda la provincia.
Por esa razón, la Dirección General de Rentas promoverá un plan de fiscalización para controlar si las ventas navideñas coinciden con lo que declaran los contribuyentes al fisco. En una primera etapa, el operativo se circunscribirá a más de 500 negocios radicados en esta capital, Monteros, Concepción y Yerba Buena, según manifestó a LA GACETA el director de Rentas, Pablo Clavarino. Los comercios fueron seleccionados por el departamento de Inteligencia Fiscal de Rentas ante la presunción de que sus volúmenes de ventas no se corresponden con lo que efectivamente declaran al Estado.
Para el proceso de fiscalización, el organismo afectará a unos 70 inspectores que controlarán, mediante el sistema conocido como punto fijo, las facturaciones sobre las ventas navideñas. La medida también incluirá a los proveedores y a las sucursales de centros comerciales con sede central en otra jurisdicción.

Las posibles clausuras
Paralelamente, en un acuerdo alcanzado con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se capacitará a 10 abogados dependientes de Rentas, que estarán a cargo de la tarea de instruir sumarios y aconsejar la clausura de un comercio en caso de detectar evasión o incumplimiento de las normas tributarias vigentes. "Los controles impositivos podrán ser efectuados tanto por acciones individuales de Rentas o con medidas conjuntas con la AFIP", dijo Clavarino.
Si bien se habla de que se controlarán más de 500 locales, el titular de Rentas no descartó la posibilidad de sumar más "sabuesos" a los operativos de fiscalización para abarcar la mayor cantidad de locales. El Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio calculó que, en Tucumán, hay 5.000 negocios.

Cautela de empresarios
Frente a la decisión oficial de avanzar con los operativos de fiscalización, las autoridades de la Federación Económica de Tucumán (FET) optaron por mantener la cautela hasta tanto se interioricen sobre las medidas que adoptará Rentas durante diciembre. Con ese fin, el titular de la FET, Humberto Sánchez, anunció ayer que, esta semana, solicitará audiencias al ministro de Economía, Jorge Jiménez, y al director de Rentas. "Luego podemos pensar en convocar a la Cámara de Comercio para establecer las pautas de acción", dijo Sánchez a LA GACETA.
Otro tema que preocupa al sector comercial es la posibilidad de que los precios de los productos navideños experimenten una suba. En ese sentido, el presidente de la FET insistió en afirmar que los comerciantes minoristas no son formadores de precios. "Si la inflación se dispara, no somos los culpables. Más inflación provoca el hecho que el Estado autorice los reajustes en las tarifas de los servicios privatizados", planteó.

Economía defiende la política tributaria
Los reclamos de las entidades empresariales para que cese la presión impositiva generaron un toque de alerta en el Poder Ejecutivo, aunque el gobernador José Alperovich prefirió, por ahora, no contestar las críticas. Los referentes del sector privado anunciaron que el miércoles elaborarán un documento que contendrá sus sugerencias y sus planteos frente al accionar de la Dirección de Rentas, y que será elevado luego al mandatario.
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, esbozó ayer una respuesta respecto de la política tributaria que aplica la actual gestión. "Estamos cobrando los impuestos de acuerdo con lo que fijan las normas vigentes", señaló el funcionario en un intento por defender la labor de Rentas.
Dos medidas crisparon los ánimos del sector privado: la determinación de oficio de la deuda impositiva y los decretos que establecen alícuota cero en los impuestos a los Ingresos Brutos y a la Salud Pública sólo para un determinado sector de la economía. "No hay discrecionalidad en el control y todos tienen derecho a apelar si consideran que no está bien determinada la deuda", expresó a LA GACETA el titular de Economía.
Respecto de las bonificaciones, el ministro manifestó: "la generalización de la medida dependerá del esfuerzo del sector privado para blanquear el personal y lo que facturan en sus ventas". "Creo que es saludable que peticionen, así como el Estado también tiene el mismo derecho de pedirles que cumplan con los impuestos", concluyó.