Buscan identificar el modus operandi

El fiscal de la II Nominación, Carlos Albaca, pretende dilucidar si existen puntos de conexión entre las denuncias por usurpación de terrenos fiscales y las demandas entabladas por particulares.
La acción judicial entablada por el director de Catastro, Félix Herrero, referida a la presunta falsificación de instrumentos públicos para habilitar la venta de 437 hectáreas públicas, ubicadas en La Encrucijada (Leales), tendría características similares a la presentación efectuada por un particular. El expediente iniciado por María Laura Díaz Camacho Alderete, sobre el destino de un inmueble ubicado en calle Bernabé Aráoz al 400, además, refuerza las sospechas sobre la participación de trabajadores estatales en las maniobras.
En esferas judiciales están convencidos de que, sin la participación de empleados de Catastro y del Registro Inmobiliario, sería imposible que particulares pudieran concretar las presuntas inscripciones irregulares. "Los responsables de los despojos serían los mismos en ambas denuncias y el modus operandi sería también similar en la presunta venta de terrenos del Estado provincial y en la supuesta falsificación de instrumentos públicos para el usufructo de una vivienda privada", reconocen en los pasillos de Tribunales.
En ambos expedientes, inclusive, se repite la actuación de escribanías de Santiago del Estero. En estudios notariales de esa provincia se realizarían las primeras inscripciones con instrumentos presuntamente fraguados.