La empresa Timen SA reclama a la Provincia el pago de más de $ 2,4 millones para restituir los dos aviones que reparó por disposición del ex gobernador Julio Miranda, según expresó el fiscal de Estado adjunto, Rogelio Mercado.
Las aeronaves, un Piper Navajo y un Aerocommander 690 A, fueron trasladadas en mayo de 2000 a los hangares que la firma bonaerense posee en el aeropuerto de Don Torcuato. Mediante dos decretos, el actual senador nacional contrató en forma directa a la compañía para que repare las avionetas en desuso por un monto de $ 300.000.
Tal como lo anticipó LA GACETA, la devaluación del peso argentino en enero de 2002 derivó en un litigio judicial entre Timen SA y el Gobierno provincial, puesto que la empresa exigió la dolarización del monto del contrato. La empresa retiene los aviones en base a lo dispuesto en el artículo 3.939 del Código Civil. Este faculta al tenedor de una cosa ajena a poseerla hasta tanto le paguen lo adeudado en relación con ella.
Para encarar el pleito, el Poder Ejecutivo contrató a un estudio jurídico de Buenos Aires. Los abogados Carlos Estevez Cambra y Ricardo Estevez Cambra interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una medida cautelar, a fin de que se autorice la sustitución del derecho de retención invocado por Timen SA sobre las aeronaves por la garantía que el Máximo Tribunal estime suficiente. Para ello, el PE ofreció $ 99.517, por considerar que este es el monto al que asciende el saldo de la deuda. Mediante una acordada, la Corte Suprema rechazó el planteo de la Provincia.
Según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, la firma reclama al Estado el pago de U$S 281.737 (más intereses por U$S 285.392) en concepto de saldos impagos y la suma de U$S 209.800 por reparaciones adicionales. En tanto, considera que por la estadía de los aviones en sus hangares, desde el 5 de mayo de 2000 al 27 de mayo de 2005, la Provincia le debería abonar $ 77.500, cifra a la que se deben adicionar intereses por $ 50.863, sin contabilizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las aeronaves, un Piper Navajo y un Aerocommander 690 A, fueron trasladadas en mayo de 2000 a los hangares que la firma bonaerense posee en el aeropuerto de Don Torcuato. Mediante dos decretos, el actual senador nacional contrató en forma directa a la compañía para que repare las avionetas en desuso por un monto de $ 300.000.
Tal como lo anticipó LA GACETA, la devaluación del peso argentino en enero de 2002 derivó en un litigio judicial entre Timen SA y el Gobierno provincial, puesto que la empresa exigió la dolarización del monto del contrato. La empresa retiene los aviones en base a lo dispuesto en el artículo 3.939 del Código Civil. Este faculta al tenedor de una cosa ajena a poseerla hasta tanto le paguen lo adeudado en relación con ella.
Para encarar el pleito, el Poder Ejecutivo contrató a un estudio jurídico de Buenos Aires. Los abogados Carlos Estevez Cambra y Ricardo Estevez Cambra interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una medida cautelar, a fin de que se autorice la sustitución del derecho de retención invocado por Timen SA sobre las aeronaves por la garantía que el Máximo Tribunal estime suficiente. Para ello, el PE ofreció $ 99.517, por considerar que este es el monto al que asciende el saldo de la deuda. Mediante una acordada, la Corte Suprema rechazó el planteo de la Provincia.
Según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, la firma reclama al Estado el pago de U$S 281.737 (más intereses por U$S 285.392) en concepto de saldos impagos y la suma de U$S 209.800 por reparaciones adicionales. En tanto, considera que por la estadía de los aviones en sus hangares, desde el 5 de mayo de 2000 al 27 de mayo de 2005, la Provincia le debería abonar $ 77.500, cifra a la que se deben adicionar intereses por $ 50.863, sin contabilizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).







