Una empresa retiene dos aviones del Estado

Las avionetas fueron trasladadas a un hangar de Don Torcuato en 2000. La Corte Suprema de la Nación rechazó una medida cautelar interpuesta por el PE.

Un litigio judicial entre la Provincia y una empresa privada mantiene dos aviones del Estado paralizados en un hangar del aeropuerto de Don Torcuato (provincia de Buenos Aires) desde hace poco más de cinco años."Están en perfectas condiciones para volar", le dijo ayer a LA GACETA el encargado de uno de los talleres de la firma Timen SA, al ser consultado sobre el estado de la aeronave Piper PA-31P (matrícula LV-JZT) y de la Aerocommander 690 A (matrícula LV-LTY). Las máquinas, ideales para traslados sanitarios, concretaron sus últimos viajes el 29 de octubre de 1995, el mismo día que Antonio Bussi asumió la gobernación. El fundador de Fuerza Republicana, al iniciar su gestión, dispuso la disolución de la Dirección de Aeronáutica.
Pero, en mayo de 2000, el entonces gobernador Julio Miranda contrató en forma directa a la empresa bonaerense para que se encargara de la reparación integral de las avionetas. El presupuesto destinado por el Gobierno rondó los $ 300.000.
A partir de enero de 2002, la devaluación del peso argentino determinó un conflicto entre Timen SA y las autoridades provinciales. La firma reclamó la dolarización del monto del contrato. Argumentó que los insumos necesarios para poner en condiciones los aviones sólo se conseguían en el exterior. El Ejecutivo, por su parte, mantuvo firme su intención de respetar el importe pactado en pesos.

"Hasta tanto pague"
"Estamos haciendo uso de nuestro derecho de retención hasta tanto la Provincia pague lo que consideramos razonable por el trabajo", explicó, desde Buenos Aires, el abogado de Timen SA, Hugo Yulita.
La empresa retiene los aviones basándose en el artículo 3.939 del Código Civil. Este autoriza al tenedor de una cosa ajena a que pueda poseerla hasta tanto le paguen lo adeudado en relación con ella. Frente a esto, la Provincia requirió a la Justicia que en forma cautelar se la autorice a recuperar las aeronaves. Para ello, ofreció en garantía $ 99.500, por considerar que este es el monto al que asciende el saldo de la deuda con la compañía. Mediante una acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la pretensión del PE, representada en el litigio por un estudio jurídico radicado en Capital Federal.
Si bien prefirió no hacer mención al monto del reclamo de Timen SA, Yulita sostuvo que la garantía ofrecida por el Gobierno es sensiblemente inferior a las aspiraciones de la empresa. En tanto, el fiscal adjunto de la Provincia, Rogelio Mercado, deslizó que el monto reclamado ascendería a $ 250.000. "Es muchísimo más que eso", se limitó a responder Yulita.
El abogado de la firma aeronáutica remarcó que mantiene conversaciones con los profesionales contratados por el PE para llegar a un entendimiento. "Timen SA está dispuesta a llegar a un acuerdo, inclusive bajando sus pretensiones económicas. Pero, para que ello ocurra, la Provincia también debe elevar su oferta", advirtió Yulita.