Dicen que no hace faltadesaforar a Orellana

La Fiscalía Federal General no se resigna a tener que depender de que la Legislatura se avenga a privar de sus fueros al parlamentario peronista Juan Enrique Orellana para poder seguir adelante con la causa en la que se lo investiga por presunta contaminación ambiental en Famaillá durante su gestión como intendente (1999-2003).
Antonio Gustavo Gómez dedujo un recurso de casación contra el fallo por el cual el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán decidió pedir a la Legislatura el desafuero de Orellana. El fiscal federal general argumentó que cuando se abre una causa penal contra un parlamentario o funcionario sujeto a juicio político la Ley 25.320 autoriza a continuar adelante con el proceso -hasta su definitiva conclusión- sin que sea necesario quitar previamente al imputado sus privilegios constitucionales. Pese a esta norma, el Tribunal Oral concluyó que era conveniente que la Legislatura desaforara a Orellana.
"La sentencia se basa en la invocación de normas de Derecho Público provincial, en desmedro de normas constitucionales y legales nacionales", aseveró Gómez. Sucede que el Código Procesal Penal de Tucumán exige que el funcionario sea previamente desaforado inclusive hasta para prestar declaración como imputado; si tal cosa no sucede, la causa se paraliza (para él) hasta que pueda ser citado.

Contundente
Gómez fue contundente. "Si se observa el estado que había alcanzado la causa, la sentencia conlleva la pretensión de retrotraer el proceso a etapas superadas. Esto haría tabla rasa con el comportamiento de las partes, ya que el propio Orellana, si hubiera existido algún menoscabo a sus fueros, tuvo la posibilidad de plantearlo, y no lo hizo", dijo.