El Estado recaudador

Existe una premisa básica en las finanzas públicas: no se puede decir, sin incurrir en contradicción, que la suba de los ingresos fiscales también incrementa la demanda agregada y la renta de las empresas y de la población. Esto por la sencilla razón de que un aumento en la participación en el ingreso nacional por el Gobierno disminuye la porción de la torta del sector privado.
El aumento en la recaudación nacional -en la década de los 90 - fue contemporánea al abandono, por parte del Estado, de la función que había tomado para sí de gestar una política fiscal para alcanzar un alto empleo, un razonable grado de estabilidad de precios, la solidez de las cuentas exteriores y una aceptable tasa de crecimiento económico.
El gasto público debe ser replanteado antes de procurarse mayores ingresos tributarios, que en el caso de la provincia, pueden provocar el éxodo de las actividades productivas y/o impedir su radicación. La economía de mercado supone la coexistencia de un sector público estatal y otro privado en la que el primero obtiene sus recursos en forma principal de los tributos que cobra a los ciudadanos para el mantenimiento de su estructura. Esto supone que los tributos disminuyen, ya sea la renta o el patrimonio de los contribuyentes, por lo menos en una primera etapa económico-financiera, porque esos montos que ingresan al Estado los debe devolver al sistema económico a través del gasto que debe ser racional y productivo. Lo que nadie puede decir en la doctrina financiera es que aumentando los tributos se promueve la actividad económica y el pleno empleo, excepto en el país y en Tucumán.
Considerando el grave endeudamiento provincial, el gasto público presupuestario está orientado necesariamente al pago de servicios y capital de la deuda pública, lo que impedirá incorporar bienes sociales a la economía. Los recursos tributarios que se puedan obtener están erosionados por el sistema de distribución de potestades tributarias de la Constitución Nacional que fueron distorsionados por la Nación al haber tomado para sí los tributos a la renta y además recaudando el IVA; impuesto al consumo que por su naturaleza las provincias y la Nación tienen facultades concurrentes para imponerlo.
Ante este panorama redefinir el gasto público para que sea mas útil, en los gastos de transferencia, para los sectores indigentes, y que se provea de bienes y servicios públicos adecuados para el crecimiento económico, conjuntamente con una reducción de la presión tributaria que está desalentando la actividad productiva.