BUENOS AIRES.- Roberto Lavagna tal vez sea uno de los ministros que más se reunió a solas con el presidente Néstor Kirchner tras el triunfo electoral del 23 de octubre. El dato no debe sorprender, ya que el Presidente es consciente de que mantener en caja las principales variables macroeconómicas será clave para esta segunda etapa de su gestión.
"Consistencia" -una palabra poco habitual- será el eje de la estrategia económica de aquí en adelante. Para Lavagna, mantener un crecimiento continuo y sustentable exigirá de un esquema macroeconómico "consistente", que incluya superávit fiscal, reducción de la deuda, ahorro nacional y tipos de cambio acordes a las productividades relativas.
Las recetas de Lavagna prometen reglas de juego claras y respeto de la propiedad privada y de los contratos. Pero habrá que ver qué malabarismos hará el Gobierno para arrancarle a las privatizadas un compromiso de retirar sus demandas ante el CIADI y postergar subas de tarifas a usuarios residenciales. El ministro imagina articular acciones entre el sector estatal y los privados, y alcanzar lo que él define como una inserción inteligente en una economía global.
El acuerdo con el FMI quedará para más adelante, porque por ahora el superávit fiscal permitiría a la Argentina afrontar sin sobresaltos los vencimientos de los próximos seis meses.
En esa economía que viene, las inversiones deberán jugar un rol central, pero más importante aún, según la lógica de Lavagna, será la productividad con que se concreten. En esa economía que viene, el Gobierno pretende mejorar la distribución del ingreso, vía reforma impositiva, pero también atendiendo con criterios heterodoxos la ecuación entre salarios y precios. En el marco de esta lógica deben leerse las medidas anunciadas por el ministro, tras terminar de pulirlas con Kirchner.
En el primer capítulo de la agenda aparece la necesidad de frenar el alza de precios, teniendo en cuenta que se vienen las Fiestas de fin de año y es de esperar un recalentamiento en las góndolas. Para ello, el Gobierno castigará a los formadores de precios, quitándoles los reintegros a las exportaciones para 200 productos, que eran un incentivo para vender al exterior.
Lavagna no quiere que el costo de vida se cristalice cerca del 1% mensual, porque una inflación del 12% anual no cierra con el programa económico y licúa cualquier atisbo de mejora en los ingresos de los asalariados.
El Gobierno viene reintegrando un 5% a los exportadores para los productos de la canasta básica, pero por ahora esa medida queda fuera de línea. El mensaje es que, si las empresas se "portan bien" en materia de precios, los reintegros volverán algún día. Pero el Estado sabe que aún si la estrategia de contención de precios rinde frutos, no alcanza para enderezar una situación social que le pega muy duro a casi la mitad de una población empobrecida.
La Argentina necesita recrear un escenario proinversión que posibilite crear más fuentes de trabajo. Para ello, es necesario brindar certezas a los empresarios reglas de juego estables. El tema fue uno de los puntos en que más insistió el presidente George W. Bush en su reunión con Kirchner en Mar del Plata.
Al escritorio de Lavagna también llegaron informes: hablaban de una nueva embestida de los acreedores externos para buscar que el país ofrezca una salida a los bonistas que quedaron fuera del canje. Son 25.000 millones de dólares en bonos, incluyendo intereses, una razón muy poderosa para que el lobbie de la comunidad financiera internacional sobre la Argentina se redoble.
Parte de esa mejora en la certidumbre está vinculada con la intención de enviar una nueva ley de riesgos del trabajo al Congreso, que incluirá mejoras en las coberturas para los empleados, pero también mayor previsibilidad sobre los costos que deben enfrentar las empresas. Aquí el gran escollo a salvar es la Corte Suprema de Justicia, que sentó una jurisprudencia controversial cuando habilitó a los empleados que sufran accidentes a apelar a la vía civil si no están de acuerdo con el monto de indemnización previsto en el actual esquema de ART. Se espera que el proyecto buscará cerrar este agujero negro en la normativa que provoca un tembladeral en sectores empresarios.
Otra señal para el empresariado está vinculada con la reducción del monto de indemnización por despido, que baja del 80% al 50 % el excedente sobre el monto original. En setiembre, la desocupación ya se ubicó en el 10,3%, y el Gobierno tendría previsto anunciar la eliminación total de la indemnización extra por despido cuando el desempleo caiga a un dígito. Todo forma parte de un conjunto de señales que van definiendo el perfil del esquema económico que se viene, y que marcará a fuego el segundo tramo del gobierno de Kirchner. (NA)
