Piden una reforma impostiva profunda

La decisión del Poder Ejecutivo tucumano de reimplementar el régimen de alícuota cero en el impuesto a la Salud Pública reavivó una vieja discusión de alta sensibilidad en nuestra provincia, referida a la necesidad de replantear el esquema impositivo vigente. En general, hay coincidencia en el empresariado y entre expertos sobre que la presión impositiva en Tucumán es una de las más elevadas del país. En este contexto, el reclamo de una disminución de la carga fiscal es permanente en la provincia.
La alícuota diferencial del 0% en el impuesto a la Salud Pública fue dispuesta en el decreto 3681/05, y se aplicará sobre la nómina salarial de los empleados que los contribuyentes incorporen a partir del 1 del corriente. Además, se instrumentó el decreto 3.682, que dispone una alícuota diferencial del 0% para los conceptos no remunerativos.
El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán (CGCE) fue muy crítico de sobre estas normas. Considera que establecen un sistema discriminatorio para algunos trabajadores, castiga a la actividad formal y beneficia a la informalidad. Sostiene que el contribuyente que cumple habitualmente con el Fisco termina marginado de los beneficios de esta reducción impositiva, pues sólo les alcanzará a aquellos que hoy incorporen nuevos agentes a sus plantillas. "Este sistema, que funciona por la teoría del absurdo, castiga a la actividad formal y beneficia a la actividad informal", dice Ramón Vicente Nicastro, presidente del CGCE. La institución solicita el dictado de un código tributario moderno, ágil y que elimine de plano toda la carga impositiva distorsiva, integrada entre otros, por el impuesto a la Salud Pública. Según el Colegio, el objetivo claro de los decretos es la regularización del empleo marginal, aunque uno de los ítems de la norma -que resulta incomprensible para la entidad- excluye del beneficio a quienes tomen trabajadores que perciban algún tipo de fondo de desempleo.
El experto tributarista Ricardo Nassif, ex presidente del CGCE, opina que es acertada la decisión del Gobierno tucumano de ir reduciendo la presión tributaria. Pero, a su vez, objeta el hecho de que la norma otorga beneficios a toda nueva incorporación de trabajador y no al incremento real en la cantidad de empleados ocupados. Sostiene que es imprescindible la implementación de políticas tributarias que, mediante la eliminación de impuestos distorsivos y la disminución efectiva de la presión tributaria, aliente la inversión y el desarrollo de las PyME, que son las principales generadoras de empleo.
Desde el Gobierno, antes de aplicar una reforma al sistema tributario provincial, sus funcionarios esperan la reacción del sector privado respecto del blanqueo del trabajo informal y sobre la facturación de la actividad económica. El ministro de Economía, Jorge Jiménez, dice que el Estado vive de los impuestos y que, actualmente, la gente puede observar que la recaudación financia obras. Su par de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, anunció la reformulación de la Ley de Promoción Económica, que alentará la radicación de nuevas fábricas, con exenciones impositivas.

$ 278 millones se recaudaron entre enero y octubre por Ingresos Brutos

82 % es la incidencia de los tributos distorsivos en la recaudación.

6 % genera el NOA respecto de la recaudacion total de provincias.