Recientemente el Poder Ejecutivo provincial estableció a través del decreto 3.681 desgravar del impuesto a la Salud Pública las remuneraciones que se paguen a los nuevos trabajadores en relación de dependencia que se incorporen a la empresa. Más allá de algunas cuestiones discutibles, como el hecho de que la norma otorga este beneficio a toda nueva incorporación de trabajador y no al incremento real en la cantidad de empleados ocupados, en principio nos parece una medida acertada la de ir reduciendo la presión tributaria.
Otro decreto (el 3.682) dispuso la aplicación de la alícuota cero en el impuesto a la Salud Pública sobre las llamadas asignaciones no remunerativas. Debemos decir al respecto que este decreto llega tarde, porque en los hechos casi todas las asignaciones no remunerativas -que fueron establecidas por el Gobierno Nacional como una medida excepcional y de emergencia ante la crisis de 2001 y 2002- están en la actualidad integradas a las remuneraciones de los trabajadores.
Desde 2002, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán ha sosteniendo que las asignaciones no remunerativas no se encuentran gravadas por Salud Pública en función de lo establecido tanto por la propia ley del gravamen, como por lo dispuesto por los decretos nacionales que establecieron las mismas, los que taxativamente expresan que en ningún caso las asignaciones no remunerativas podrán ser tomadas como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún instituto legal, convencional o contractual.
En este sentido, no nos parece apropiado establecer una alícuota cero como un beneficio condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos que en definitiva penderán como una espada de Damocles sobre la cabeza de los contribuyentes, cuando lo que hubiera correspondido es definir lisa y llanamente que las asignaciones no remunerativas no se encuentran alcanzadas por el impuesto a la Salud Pública.
Entendemos imprescindible la implementación de políticas tributarias que, mediante la eliminación de impuestos distorsivos y la disminución efectiva de la presión tributaria (que en nuestra provincia sigue siendo una de las más altas del país), aliente la inversión y el desarrollo de las Pymes, que son las principales generadoras de empleo.
