Graduados en Ciencias Económicas piden una reforma tributaria integral

Los decretos del Poder Ejecutivo provincial que establecieron un régimen de alícuota cero para el impuesto a la Salud Pública establecen un sistema discriminatorio para algunos trabajadores, castiga a la actividad formal y beneficia a la informalidad. Estas son algunas de las conclusiones a las llegó la Comisión de Impuestos del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, que analizó los alcances de los decretos del Poder Ejecutivo regulatorios del régimen de alícuota cero para el impuesto a la Salud Pública.
El presidente del Colegio de Graduados, Ramón Vicente Nicastro, afirmó que, analizando los decretos del Poder Ejecutivo, es claro que la intencionalidad del Gobierno es la regularización del empleo marginal. Pero cuestionó que uno de los ítems del decreto excluya del beneficio a quienes tomen trabajadores que perciban algún tipo de fondos de desempleo. "Resulta incomprensible porque podría significar una exclusión de estos desocupados en el mercado laboral", resaltó.
Nicastro también resaltó como imprescindible que la AFIP agilice sus sistemas de información, porque de lo contrario se convierte en un imposible acceder al sistema de alícuota cero que implemento el Gobierno local. "Los requisitos formales y materiales exigidos para acceder al beneficio pueden convertirse en salvavidas de plomo, teniendo en cuenta las deficiencias técnicas que convierte a cualquier trámite sencillo en una verdadera pesadilla para el contribuyente, que muchas veces prefieren asumir el costo económico del tributo a soportar tediosas colas y largas esperas en la búsqueda de un mero certificado de cumplimiento fiscal", resaltó.
Respecto del decreto 3.682 que dictó el PE, por el cual estableció una alícuota diferencial del 0% para los conceptos no remunerativos, el informe del Colegio de Graduados señaló que esa institución ya había advertido en 2002 que esos conceptos no eran gravables. "Es evidente que el PE, a través del dictado de esta norma, admite la no gravabilidad de estos conceptos, tal como lo sostenía nuestra institución, ya que el empleador tucumano fue sorprendido en su buena fe cuando la DGR, en forma intempestiva, envió a sus inspectores a determinar diferencias del impuesto por estos conceptos no remunerativos", señala el informe.
"Podemos afirmar que los empleadores que durante la crisis de 2001/2002, aún a costa de un gran sacrificio, mantuvieron sus planteles de personal con niveles de estabilidad laboral, no tendrán ningún reconocimiento y, en todo caso, por cumplidor finaliza marginado de los beneficios de esta reducción impositiva pues sólo les alcanzará a aquellos que hoy incorporen nuevos agentes a sus plantillas. Este sistema, que funciona por la teoría del absurdo, castiga a la actividad formal y beneficia a la actividad informal", asegura el Colegio de Graduados en otro punto de su análisis.
En ese sentido, Nicastro resaltó que si la intencionalidad del Poder Ejecutivo es realmente "instrumentar medidas que tiendan a la reducción del nivel de los costos de producción y comercialización", como rezan los considerandos de ambos decretos, resulta más procedente reformular todo el sistema tributario provincial. "Esto debería hacerse con el dictado de un código moderno, ágil y que elimine toda la carga impositiva distorsiva, integrada entre otros, por el Impuesto para la Salud Pública Sostenemos desde hace tiempo que no es intención de nuestro colegio la disminución de la recaudación tributaria, ya que la misma constituye la carga que debe soportar la ciudadanía que convive en un Estado de derecho, sino la reformulación del sistema, ampliando la base de contribuyentes y respetando la capacidad contributiva de los mismos", afirmó.
El titular del colegio que nuclea a los contadores agregó que la Dirección de Rentas recurrió a una fuerte presión sobre los contribuyentes en los últimos dos años: "se implementaron procedimientos coercitivos y de dudosa constitucionalidad, los que, atento al incremento de los recursos con que cuenta ahora la provincia, deberían revertirse aprovechando la oportunidad histórica que otorgan los excedentes fiscales, que dan la tranquilidad necesaria para abordar el estudio y dictado de normas de carácter permanente, que puedan lograr el objetivo, muchas veces declarado pero no cumplido, de la reducción del nivel de los costos de producción y comercialización".