Por Redacción Política
07 Noviembre 2005
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El gobernador, José Alperovich, vetó 41 leyes desde que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en octubre de 2003. La cifra no tiene precedentes desde el retorno de la democracia, en 1983, y en sólo dos años implicó duplicar la cantidad de leyes anuladas entre 1999 y 2003. El récord genera interpretaciones variadas en la Legislatura. Los parlamentarios consultados por LA GACETA sostuvieron que se trata de una muestra de la vocación hegemónica del Gobierno, pero también reconocieron que varios de los vetos están justificados por falencias en el proceso de sanción de las normas.
El bussista Carlos Canevaro y el radical José Cano distinguieron dos grupos de leyes vetadas: aquellas en las que el PE ejerce sus legitimas facultades -lo que incluye la posibilidad de controlar el cumplimiento de las normas vigentes- y las decisiones que implican fijar límites al accionar de los legisladores. “Hay temas en los que el Gobierno no quiere compartir y reconocer logros o aceptar medidas que afecten sus decisiones o intereses políticos”, coincidieron los opositores.
Un caso emblemático del segundo grupo de vetos identificado por los legisladores es el grupo de normas vinculadas al régimen tarifario del servicio de Aguas y Cloacas. Pese a la manifiesta y pública intención del oficialismo, el Poder Ejecutivo dio por tierra con todos los intentos de limitar los cortes a los usuarios morosos de bajos recursos o de establecer exenciones a entidades deportivas.
La contracara de este fenómeno son las leyes anuladas en las que el PE marcó violaciones o contradicciones con otras normas vigentes. El caso más recurrente es aquel en el que la Cámara afecta recursos sin determinar a cuál partida del Presupuesto debe echarse mano para cumplir con ese mandato. Ese requisito está expresamente fijado en el artículo 12 de la Carta Magna, que además imputa responsabilidades personales para quienes actúen en sentido contrario. El argumento fue utilizado por Alperovich para rechazar los planteos legislativos vinculados a obras públicas o a mejoras salariales a agentes públicos.
Facultades cruzadas
El veto es una facultad que la Constitución le reconoce al PE en su artículo 67, para dejar sin efecto alguna norma sancionada por la Legislatura. Esta, a su vez, tiene la potestad de insistir en la ley vetada, en cuyo caso el Gobierno estará obligado a promulgarla sin objeciones.
Pese a la gran cantidad de leyes vetadas por el actual gestión, los parlamentarios sólo utilizaron su derecho a la insistencia en cinco oportunidades. La última de ellas, el jueves pasado, cuando dejaron firme el piso de haberes para los jubilados de la ex Dipos.
Preocupa a opositores la calidad institucional Los legisladores de la oposición admiten que se cometieron errores en la redacción de algunas de las 41 leyes vetadas por el PE. Sin embargo, se niegan a aceptar que esa sea la principal causa del elevado número de normas que la actual gestión dejó sin efecto en los últimos dos años.
El bussista Carlos Canevaro reconoció que el diálogo con los funcionarios de la Casa de Gobierno debería ser más fluido en algunas cuestiones para evitar fracasos legislativos. “Pero no se puede soslayar que al PE no le interesa que la Cámara se inmiscuya en algunos asuntos. La personalidad de (José) Alperovich condiciona la calidad del sistema institucional”, aseveró. El radical José Cano cuestionó la poca predisposición del Gobierno a cumplir con lo que la Cámara dispone. “Si no recurren al veto, optan por diluir las reglamentaciones o evitar los controles. Lo sucedido con el Padrón de Beneficiarios de Planes Sociales, primero vetado y luego aprobado con los cambios sugeridos, es un buen ejemplo”, se quejó.
Copia de la Nación
Alejandro Sangenis (MTB) afirmó que el récord de vetos de la actual gestión debe interpretarse con independencia del autoritarismo de Alperovich y de la complacencia del oficialismo legislativo para insistir en las normas. “Acá hay una línea nacional que muestra el avance hegemónico del Poder Ejecutivo por sobre los parlamentos”, afirmó.
41 OBJECIONES 2003
1. Norma por la que los bancos e instituciones financieras radicadas en la provincia podían requerir a los solicitantes de crédito el libre deuda de los tributos provinciales.
2. Regulación del corretaje inmobiliario.
3. Modificación del Fondo de Desarrollo del Interior y del régimen de Coparticipación de municipios.
4. Creación de un régimen especial de exención del Impuesto Inmobiliario para personas discapacitadas.
2004
5. Creación del Padrón Unico de Beneficiarios de planes sociales.
6. Adhesión de la Provincia al régimen de refinanciación hipotecaria.
7. Adhesión a la ley nacional de Ciencia y Tecnología.
8. Adhesión a la ley de fomento de la innovación tecnológica y de creación de un fondo para la promoción de la actividad
9. Habilitación al PE para invertir $ 100.000 en una tecnicatura en agroindustria.
10. Asignación mensual a favor de un grupo de ex empleados de los talleres de Tafí Viejo.
11.. Modificaciones en el marco regulatorio del servicio de aguas y cloacas para limitar los cortes a los usuarios de bajos recursos.
12.. Modificaciones al régimen de protección y asistencia a la víctima de la violencia familiar.
13. Creación del Consejo Provincial de Participación Ciudadana en la Seguridad Pública.
14. Extensión del pago de la ayuda escolar para los hijos de agentes públicos hasta los 10 años de escolaridad obligatoria.
15.. Adhesión al régimen nacional de Gestión Ambiental de Aguas.
16. Titularización de docentes no comprendidos en las leyes 7.335 y 7.337.
17. Creación de un sistema de protección de bienes integrantes del patrimonio cultural de la provincia de Tucumán.
18.. Nuevo Código Tributario.
19. Modificación al régimen de renta vitalicia para los veteranos de Malvinas.
20.. Creación de la reserva etnobotánica Miguel Lillo.
21.. Fijación de un marco legal para el uso del PCB en transformadores de energía eléctrica.
22. Pedido de repavimentación de la ruta provincial 307, en la zona de La Angostura.
23. Pedido de repavimentación de la ruta provincial 323, en el tramo Río Colorado- Famaillá.
24.. Pedido de mejora de calzada en la ruta provincial 304, kilómetro 67.
25. Pedido de mejora de calzada en la ruta 304, kilómetro 63.
26.. Pedido de repavimentación de la ruta provincial 304 en el tramo Las Moritas-El Sunchal.
27. Habilitación de la ejecución de calzada en la ruta provincial 315, a la altura de Villa Carmela.
28. Habilitación de la construcción de un puente sobre el río Salí, en la ruta provincial 305, en Burruyacu.
29.. Habilitación de facultades para que los titulares de los tres poderes puedan efectuar transferencias de personal.
2005
30. Creación de la tarifa de integración del servicio de aguas y cloacas destinada a usuarios de escasos recursos.
31. Excepción para el pago de deudas por el servicio de aguas y cloacas a clubes deportivos
32. Modificación al marco normativo que regula el ejercicio de la profesión de farmacéutico.
33. Modificación al régimen de creación de los gabinetes pedagógicos interdisciplinarios y de los servicios de asistencia social.
34. Autorización para transferir en venta, a sus actuales ocupantes, un terreno ubicado en el Mercofrut.
35. Autorización al PE para cancelar deudas de los productores apícolas con la Caja Popular de Ahorros.
36.. Autorización al PE para cancelar deuda de los productores hortícolas con la Caja Popular de Ahorros.
37. Subsidio de $ 5.000 para los clubes de las categorías A y B de la Liga Tucumán de Fútbol
38. Desafectación de inmuebles ubicados en San Javier para ser donados a la Fundación Cardiológica.
39. Fijación de un piso de haberes para ex empleados de la Dipos que se jubilaron en forma anticipada
40. Creación de un instituto superior no universitario en Famaillá, para la habilitación de una carrera de Gastronomía en ese municipio.
41. Creación de un instituto superior no universitario en Alberdi.
El bussista Carlos Canevaro y el radical José Cano distinguieron dos grupos de leyes vetadas: aquellas en las que el PE ejerce sus legitimas facultades -lo que incluye la posibilidad de controlar el cumplimiento de las normas vigentes- y las decisiones que implican fijar límites al accionar de los legisladores. “Hay temas en los que el Gobierno no quiere compartir y reconocer logros o aceptar medidas que afecten sus decisiones o intereses políticos”, coincidieron los opositores.
Un caso emblemático del segundo grupo de vetos identificado por los legisladores es el grupo de normas vinculadas al régimen tarifario del servicio de Aguas y Cloacas. Pese a la manifiesta y pública intención del oficialismo, el Poder Ejecutivo dio por tierra con todos los intentos de limitar los cortes a los usuarios morosos de bajos recursos o de establecer exenciones a entidades deportivas.
La contracara de este fenómeno son las leyes anuladas en las que el PE marcó violaciones o contradicciones con otras normas vigentes. El caso más recurrente es aquel en el que la Cámara afecta recursos sin determinar a cuál partida del Presupuesto debe echarse mano para cumplir con ese mandato. Ese requisito está expresamente fijado en el artículo 12 de la Carta Magna, que además imputa responsabilidades personales para quienes actúen en sentido contrario. El argumento fue utilizado por Alperovich para rechazar los planteos legislativos vinculados a obras públicas o a mejoras salariales a agentes públicos.
Facultades cruzadas
El veto es una facultad que la Constitución le reconoce al PE en su artículo 67, para dejar sin efecto alguna norma sancionada por la Legislatura. Esta, a su vez, tiene la potestad de insistir en la ley vetada, en cuyo caso el Gobierno estará obligado a promulgarla sin objeciones.
Pese a la gran cantidad de leyes vetadas por el actual gestión, los parlamentarios sólo utilizaron su derecho a la insistencia en cinco oportunidades. La última de ellas, el jueves pasado, cuando dejaron firme el piso de haberes para los jubilados de la ex Dipos.
El bussista Carlos Canevaro reconoció que el diálogo con los funcionarios de la Casa de Gobierno debería ser más fluido en algunas cuestiones para evitar fracasos legislativos. “Pero no se puede soslayar que al PE no le interesa que la Cámara se inmiscuya en algunos asuntos. La personalidad de (José) Alperovich condiciona la calidad del sistema institucional”, aseveró. El radical José Cano cuestionó la poca predisposición del Gobierno a cumplir con lo que la Cámara dispone. “Si no recurren al veto, optan por diluir las reglamentaciones o evitar los controles. Lo sucedido con el Padrón de Beneficiarios de Planes Sociales, primero vetado y luego aprobado con los cambios sugeridos, es un buen ejemplo”, se quejó.
Copia de la Nación
Alejandro Sangenis (MTB) afirmó que el récord de vetos de la actual gestión debe interpretarse con independencia del autoritarismo de Alperovich y de la complacencia del oficialismo legislativo para insistir en las normas. “Acá hay una línea nacional que muestra el avance hegemónico del Poder Ejecutivo por sobre los parlamentos”, afirmó.
1. Norma por la que los bancos e instituciones financieras radicadas en la provincia podían requerir a los solicitantes de crédito el libre deuda de los tributos provinciales.
2. Regulación del corretaje inmobiliario.
3. Modificación del Fondo de Desarrollo del Interior y del régimen de Coparticipación de municipios.
4. Creación de un régimen especial de exención del Impuesto Inmobiliario para personas discapacitadas.
2004
5. Creación del Padrón Unico de Beneficiarios de planes sociales.
6. Adhesión de la Provincia al régimen de refinanciación hipotecaria.
7. Adhesión a la ley nacional de Ciencia y Tecnología.
8. Adhesión a la ley de fomento de la innovación tecnológica y de creación de un fondo para la promoción de la actividad
9. Habilitación al PE para invertir $ 100.000 en una tecnicatura en agroindustria.
10. Asignación mensual a favor de un grupo de ex empleados de los talleres de Tafí Viejo.
11.. Modificaciones en el marco regulatorio del servicio de aguas y cloacas para limitar los cortes a los usuarios de bajos recursos.
12.. Modificaciones al régimen de protección y asistencia a la víctima de la violencia familiar.
13. Creación del Consejo Provincial de Participación Ciudadana en la Seguridad Pública.
14. Extensión del pago de la ayuda escolar para los hijos de agentes públicos hasta los 10 años de escolaridad obligatoria.
15.. Adhesión al régimen nacional de Gestión Ambiental de Aguas.
16. Titularización de docentes no comprendidos en las leyes 7.335 y 7.337.
17. Creación de un sistema de protección de bienes integrantes del patrimonio cultural de la provincia de Tucumán.
18.. Nuevo Código Tributario.
19. Modificación al régimen de renta vitalicia para los veteranos de Malvinas.
20.. Creación de la reserva etnobotánica Miguel Lillo.
21.. Fijación de un marco legal para el uso del PCB en transformadores de energía eléctrica.
22. Pedido de repavimentación de la ruta provincial 307, en la zona de La Angostura.
23. Pedido de repavimentación de la ruta provincial 323, en el tramo Río Colorado- Famaillá.
24.. Pedido de mejora de calzada en la ruta provincial 304, kilómetro 67.
25. Pedido de mejora de calzada en la ruta 304, kilómetro 63.
26.. Pedido de repavimentación de la ruta provincial 304 en el tramo Las Moritas-El Sunchal.
27. Habilitación de la ejecución de calzada en la ruta provincial 315, a la altura de Villa Carmela.
28. Habilitación de la construcción de un puente sobre el río Salí, en la ruta provincial 305, en Burruyacu.
29.. Habilitación de facultades para que los titulares de los tres poderes puedan efectuar transferencias de personal.
2005
30. Creación de la tarifa de integración del servicio de aguas y cloacas destinada a usuarios de escasos recursos.
31. Excepción para el pago de deudas por el servicio de aguas y cloacas a clubes deportivos
32. Modificación al marco normativo que regula el ejercicio de la profesión de farmacéutico.
33. Modificación al régimen de creación de los gabinetes pedagógicos interdisciplinarios y de los servicios de asistencia social.
34. Autorización para transferir en venta, a sus actuales ocupantes, un terreno ubicado en el Mercofrut.
35. Autorización al PE para cancelar deudas de los productores apícolas con la Caja Popular de Ahorros.
36.. Autorización al PE para cancelar deuda de los productores hortícolas con la Caja Popular de Ahorros.
37. Subsidio de $ 5.000 para los clubes de las categorías A y B de la Liga Tucumán de Fútbol
38. Desafectación de inmuebles ubicados en San Javier para ser donados a la Fundación Cardiológica.
39. Fijación de un piso de haberes para ex empleados de la Dipos que se jubilaron en forma anticipada
40. Creación de un instituto superior no universitario en Famaillá, para la habilitación de una carrera de Gastronomía en ese municipio.
41. Creación de un instituto superior no universitario en Alberdi.
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