El legislador Juan Orellana dejó traslucir su fastidio al hablar con LA GACETA sobre el pedido de desafuero en su contra del Tribunal Oral Federal, para poder someterlo a juicio oral por contaminación en Famaillá. "Soy el único acusado en estas causas, cuando es un problema generalizado en la provincia. Soy un chivo expiatorio, y generan un daño a mi imagen y a mi persona. Pero estoy tranquilo y sin cargo de conciencia, porque la realidad no es como la presentan", afirmó.
Orellana está procesado como responsable de la existencia de un basural a cielo abierto durante su gestión como intendente, entre 1999 y 2003. Sostuvo que ese predio funcionó como vaciadero desde la gestión de Hugo Caro (91-95). Cuando inició la investigación, el fiscal federal Emilio Ferrer encontró residuos peligrosos en las márgenes del río Seco (afluente del río Famaillá).
El peronista señaló que, durante su mandato, nunca ordenó que se tiren desechos en el lugar. "A veces hay personas irresponsables que arrojan basura allí, y el municipio debe ir a limpiar. Nunca tuve la mala intención de dejar basura ahí ni en ningún otro lado. Puedo presentar a medio Famaillá como testigo de que fui quien sacó el basural", aclaró.
El legislador justicialista dijo que interpondrá todos sus argumentos defensivos, pero sin obstruir la acción de la Justicia, y no cuestionó la labor de los miembros del Tribunal que solicitaron el retiro de sus fueros parlamentarios, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Raúl Bejas. Agregó que se allanará a lo que la Legislatura disponga en este asunto.
El trámite parlamentario
La Cámara tiene plazo para pronunciarse hasta el próximo 19. El trámite está fijado por el artículo 60 de la Carta Magna, que dispone que los legisladores se pronuncien concediendo o denegando una solicitud de desafuero en 15 días corridos desde su recepción. Si no hay pronunciamiento específico en una sesión, se lo considera otorgado. La denegatoria a un planteo judicial debe ser fundada y votada nominalmente por 21 legisladores.
Durante la actual gestión, se concedió el desafuero del oficialista Antonio Alvarez, vinculado por la Justicia provincial al mal manejo financiero de la capital cuando fue intendente.
Orellana cargó contra su denunciante, el ex secretario de Medio Ambiente Juan González, por considerar que lo acusó a él en vez de perseguir a "las grandes industrias y empresas que causan problemas más graves y serios". Recordó que durante su gestión como intendente la Provincia incumplió con todo lo que prometió. "Tal vez todo se debió al problema económico de ese momento, pero hoy pago las consecuencias de funcionarios que hacían la vista gorda", aseveró.
El legislador fue reemplazado en el cargo por su hermano mellizo, José Fernando Orellana.
Orellana está procesado como responsable de la existencia de un basural a cielo abierto durante su gestión como intendente, entre 1999 y 2003. Sostuvo que ese predio funcionó como vaciadero desde la gestión de Hugo Caro (91-95). Cuando inició la investigación, el fiscal federal Emilio Ferrer encontró residuos peligrosos en las márgenes del río Seco (afluente del río Famaillá).
El peronista señaló que, durante su mandato, nunca ordenó que se tiren desechos en el lugar. "A veces hay personas irresponsables que arrojan basura allí, y el municipio debe ir a limpiar. Nunca tuve la mala intención de dejar basura ahí ni en ningún otro lado. Puedo presentar a medio Famaillá como testigo de que fui quien sacó el basural", aclaró.
El legislador justicialista dijo que interpondrá todos sus argumentos defensivos, pero sin obstruir la acción de la Justicia, y no cuestionó la labor de los miembros del Tribunal que solicitaron el retiro de sus fueros parlamentarios, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Raúl Bejas. Agregó que se allanará a lo que la Legislatura disponga en este asunto.
El trámite parlamentario
La Cámara tiene plazo para pronunciarse hasta el próximo 19. El trámite está fijado por el artículo 60 de la Carta Magna, que dispone que los legisladores se pronuncien concediendo o denegando una solicitud de desafuero en 15 días corridos desde su recepción. Si no hay pronunciamiento específico en una sesión, se lo considera otorgado. La denegatoria a un planteo judicial debe ser fundada y votada nominalmente por 21 legisladores.
Durante la actual gestión, se concedió el desafuero del oficialista Antonio Alvarez, vinculado por la Justicia provincial al mal manejo financiero de la capital cuando fue intendente.
Orellana cargó contra su denunciante, el ex secretario de Medio Ambiente Juan González, por considerar que lo acusó a él en vez de perseguir a "las grandes industrias y empresas que causan problemas más graves y serios". Recordó que durante su gestión como intendente la Provincia incumplió con todo lo que prometió. "Tal vez todo se debió al problema económico de ese momento, pero hoy pago las consecuencias de funcionarios que hacían la vista gorda", aseveró.
El legislador fue reemplazado en el cargo por su hermano mellizo, José Fernando Orellana.







