Requieren el desafuero del legislador Orellana

Los magistrados remitieron al vicegobernador Juri una copia de las actuaciones de la causa, que fue iniciada en 2000. Denuncia de un ex funcionario.

La Legislatura tiene la palabra. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán solicitó el desafuero del legislador justicialista Juan Enrique Orellana, sobre quien pesa un pedido de elevación a juicio oral por presunta contaminación ambiental en Famaillá, peligrosa para la salud pública, cuando se desempeñó como intendente (1999-2003).
La decisión fue adoptada por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Daniel Bejas (se desempeña como subrogante en lugar del renunciante Oscar Emilio Sarrulle), quienes remitieron al vicegobernador, Fernando Juri, copia de las actuaciones.
Los magistrados analizaron meticulosamente si el proceso podía seguir adelante sin necesidad de solicitar que el parlamentario justicialista fuera privado de sus fueros, como ordenan los artículos 70 y 60 de las Constituciones nacional y provincial, respectivamente.
La discusión giraba en torno de si era necesario pedir el desafuero tras la sanción de la Ley 25.320, de setiembre de 2000. Esta norma establece que cuando se abra una causa penal contra un parlamentario o funcionario sujeto a juicio político el tribunal puede seguir adelante hasta la conclusión del proceso, sin que sea necesario privar previamente al imputado de sus privilegios constitucionales. Este es el criterio que, precisamente, el fiscal general, Alfredo Francisco Miguel Terraf, había solicitado que fuera aplicado. La defensa de Orellana no se expidió.

Discusión doctrinaria
Finalmente, los vocales resolvieron que, atento a que el proceso se encontraba en el momento previo a la citación de las partes a juicio, correspondía requerir el desafuero del legislador.
En el fallo, los magistrados analizaron detenidamente los diferentes criterios existentes en la doctrina. Citaron, por ejemplo, a la constitucionalista María Angélica Gelli, según quien la Ley 25.320 suscita muchos interrogantes y dudas.
"Puede ocurrir que se llegue hasta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada sin que el imputado aún haya sido siquiera suspendido en sus fueros. Y ejemplifica (Gelli) con la hipótesis de que exista una condena firme mientras los condenados sigan dictando fallos, votando leyes o ejerciendo la presidencia de la República. Aunque lo considera políticamente improbable, se trata de algo jurídicamente posible", expresaron los vocales.
Casas, Jiménez Montilla y Bejas calificaron como más armonizante y ajustado a derecho el criterio sostenido por la jurista Susana Cayuso. "El auto de procesamiento implica un situación procesal que afecta el límite constitucional dispuesto por el artículo 70 de la Constitución. En consecuencia, según dice Cayuso, el único supuesto al que puede aplicarse la frase ?hasta su total conclusión? (de la Ley 25.320) es cuando el juez considerara que corresponde la falta de mérito y ordenara el sobreseimiento", expresaron.
La causa se había iniciado en 2000 a partir de una denuncia del ex director de Medio Ambiente Juan González, por la existencia de residuos peligrosos en las márgenes del río Seco (afluente del río Famaillá). Orellana, cuando declaró ante el juez federal Jorge Parache, negó haber ordenado que la basura fuera arrojada allí y dijo que no era un tema que le compitiera específicamente.