La Cámara avaló una asignación a jubilados

En sesión extraordinaria, los legisladores decidieron que la remuneración adicional será calculada en forma individual, cotejando los informes de la Anses.

La Provincia pagará una asignación mensual a todos los jubilados y pensionados, provinciales y municipales, transferidos a la Nación. La suma se abonará en concepto de movilidad, pero no garantizará el 82% móvil a todos los pasivos. El monto del aporte extra será calculado en forma individual y tomará en cuenta la diferencia entre el beneficio otorgado al momento del retiro y lo que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) reconoció por el mismo concepto al 31 de agosto pasado.
La redacción final de la norma, que acogió el reclamo de los pasivos transferidos, fue consensuada por la comisión de Hacienda de la Cámara con funcionarios del Poder Ejecutivo. El acuerdo habilitó la derogación del decreto, que el gobernador José Alperovich había firmado el 7 de octubre último, y su reemplazo por una ley que contempló parte de las críticas opositoras y de las organizaciones de jubilados y pensionados.
El debate de este tema, que ocupó gran parte de la sesión realizada como apertura del período extraordinario de deliberaciones en la Legislatura, fue seguido por un numeroso grupo de jubilados. Estos aplaudieron fervorosamente las exposiciones de quienes reconocieron su reclamo y abuchearon a Víctor Lossi, vocero de la comisión de Hacienda y Presupuesto, cuando explicó los alcances del beneficio.

Críticas y reconocimientos
Lossi aseguró que las críticas al decreto del PE estaban basadas en el desconocimiento y en el aprovechamiento político de la situación. "Estamos sancionado una norma de carácter permanente y que da una solución concreta a futuro", aseguró.
"El decreto firmado por el gobernador no había atendido el planteo de fondo, que es que los jubilados deben percibir la movilidad y la porcentualidad. Se ha conseguido un importante avance, pero no es fruto de ninguna concesión graciable, sino de la lucha de una década de la clase pasiva", manifestó el radical José Cano.
El bussista José Costanzo afirmó que lo que había dispuesto el mandatario no daba ninguna garantía a los transferidos. "Que hayan obtenido una importante ventaja electoral no le da derecho a mentir. No se puede hacer demagogia con las necesidades de la gente", dijo.
Su par de bancada, Ernesto Padilla, calificó de precaria la solución otorgada. "Hay que reconocer que se está haciendo justicia, pero el jubilado seguirá en la incertidumbre hasta que se garantice expresamente la movilidad y la porcentualidad", puntualizó el republicano.
El justicialista Sisto Terán reclamó a los opositores que no planteen falsas antinomias. "Acá no hay diferencias entre opositores, oficialistas y el Gobierno. Todos queremos lo mismo. Lo que no se puede desconocer es la decisión política de pagar a los jubilados y hay que tener claro que eso sólo puede hacerse porque hay superávit en las finanzas", concluyó.

Polémica con historia
Durante las exposiciones, parlamentarios de distintas bancadas recordaron el proceso de transferencia del sistema previsional a la Nación. Ramón Graneros (Participación Cívica) calificó de desacertada aquella decisión. Juan Roberto Robles (UCR) objetó el proceso de privatización del Estado de la década del 90 y José Teri (PJ) admitió la culpa de los gremialistas que aceptaron medidas, como el pago de cifras no remunerativas, que perjudicaron a los jubilados.
Terán mencionó que la clase pasiva ayudó al derrocamiento de José Domato, desestabilizó la gestión de Ramón Ortega y contribuyó al triunfo del ex gobernador Antonio Domingo Bussi. "Este candidato decía que se iba a cortar las manos antes de la transferir el IPSS y lo primero que hizo fue traspasarlo a la Nación", lamentó el legislador justicialista.