En la Justicia consideran que las maniobras para ocupar terrenos fiscales y de particulares tendrían puntos en común. Sospechan que un sello notarial es falso.
El escándalo por las usurpaciones de terrenos fiscales amenaza con despertar un tsunami en el Ejecutivo, en la Justicia y en estudios notariales. A la denuncia del director de Catastro, Félix Herrero, por la presunta falsificación de instrumentos públicos para habilitar la venta de 437 hectáreas públicas, ahora se sumó una presentación de características similares efectuada por un particular. El expediente, además, refuerza las sospechas sobre la participación de estatales en las maniobras.
En el escrito que presentó ante el fiscal de la Segunda Nominación, Carlos Albaca, Herrero sostuvo que existen dos matrículas de registración sobre el mismo bien, ubicado en La Encrucijada (Leales). Una figura inscripta a nombre del Gobierno provincial y otra está en manos privadas. Con la utilización de la matrícula paralela, dos particulares habrían concretado la venta del inmueble a través de una escribanía de Santiago del Estero.Con el patrocinio del abogado Constantino Cirici, María Laura Díaz Camacho Alderete denunció ante la Justicia que dos individuos habrían procedido a vender un inmueble perteneciente a su madre (ya fallecida) con instrumentos apócrifos y firmas falsas.
Según expresa en el escrito, en la operación habrían participado una escribanía de Santiago del Estero y tres estudios radicados en nuestra provincia. "Estos papeles notariales y anotaciones registrales, a simple vista correctos y legítimos, encierran una gama increíble de ilícitos, que van desde la falsa venta efectuada en Santiago del Estero, con domicilios inexistentes, pasando por una falsificación de un poder a favor de un particular", relata la presunta damnificada en el expediente judicial.
Curiosidades
A Díaz Camacho Alderete le resulta llamativo que la venta del inmueble, ubicado en Bernabé Aráoz al 400, se haya concretado en 1985 en una escribanía de Santiago del Estero, cuando su madre nunca vivió en esa provincia. "Para ello, le inventaron una residencia en la localidad de Pampa Pozo. Luego, apareció un poder especial a favor de otra persona, supuestamente firmado por mi madre y, finalmente, una escritura traslativa de dominio", agregó.
La denunciante remarcó que su madre nunca pudo haber firmado el 27 de agosto de 2002 ese poder en favor de un particular, puesto que 24 días antes le habían robado el DNI. "El 4 de setiembre de ese año se dio intervención del robo a la Fiscalía de Instrucción Penal de turno. ¿Cómo pudo entonces mi madre conceder un poder especial si no tenía documento?", se preguntó.Otro punto curioso que evalúa la Justicia es que la inscripción en Tucumán de la escritura firmada en 1985 en Santiago del Estero se concretó el 24 de febrero de 2005. Pero, la titular de la escribanía que supuestamente anotó ante el Registro Inmobiliario la matrícula en cuestión negó su participación mediante notas presentadas ante la repartición provincial y ante el Colegio de Escribanos. "Prima facie queda demostrado que hubo toda una ingeniería delictiva a lo largo del proceso de anotación registral", dijo Díaz Camacho Alderete en un escrito dirigido a la directora del Registro Inmobiliario, María Laura Ojeda de Colombres.
El escándalo por las usurpaciones de terrenos fiscales amenaza con despertar un tsunami en el Ejecutivo, en la Justicia y en estudios notariales. A la denuncia del director de Catastro, Félix Herrero, por la presunta falsificación de instrumentos públicos para habilitar la venta de 437 hectáreas públicas, ahora se sumó una presentación de características similares efectuada por un particular. El expediente, además, refuerza las sospechas sobre la participación de estatales en las maniobras.
En el escrito que presentó ante el fiscal de la Segunda Nominación, Carlos Albaca, Herrero sostuvo que existen dos matrículas de registración sobre el mismo bien, ubicado en La Encrucijada (Leales). Una figura inscripta a nombre del Gobierno provincial y otra está en manos privadas. Con la utilización de la matrícula paralela, dos particulares habrían concretado la venta del inmueble a través de una escribanía de Santiago del Estero.Con el patrocinio del abogado Constantino Cirici, María Laura Díaz Camacho Alderete denunció ante la Justicia que dos individuos habrían procedido a vender un inmueble perteneciente a su madre (ya fallecida) con instrumentos apócrifos y firmas falsas.
Según expresa en el escrito, en la operación habrían participado una escribanía de Santiago del Estero y tres estudios radicados en nuestra provincia. "Estos papeles notariales y anotaciones registrales, a simple vista correctos y legítimos, encierran una gama increíble de ilícitos, que van desde la falsa venta efectuada en Santiago del Estero, con domicilios inexistentes, pasando por una falsificación de un poder a favor de un particular", relata la presunta damnificada en el expediente judicial.
Curiosidades
A Díaz Camacho Alderete le resulta llamativo que la venta del inmueble, ubicado en Bernabé Aráoz al 400, se haya concretado en 1985 en una escribanía de Santiago del Estero, cuando su madre nunca vivió en esa provincia. "Para ello, le inventaron una residencia en la localidad de Pampa Pozo. Luego, apareció un poder especial a favor de otra persona, supuestamente firmado por mi madre y, finalmente, una escritura traslativa de dominio", agregó.
La denunciante remarcó que su madre nunca pudo haber firmado el 27 de agosto de 2002 ese poder en favor de un particular, puesto que 24 días antes le habían robado el DNI. "El 4 de setiembre de ese año se dio intervención del robo a la Fiscalía de Instrucción Penal de turno. ¿Cómo pudo entonces mi madre conceder un poder especial si no tenía documento?", se preguntó.Otro punto curioso que evalúa la Justicia es que la inscripción en Tucumán de la escritura firmada en 1985 en Santiago del Estero se concretó el 24 de febrero de 2005. Pero, la titular de la escribanía que supuestamente anotó ante el Registro Inmobiliario la matrícula en cuestión negó su participación mediante notas presentadas ante la repartición provincial y ante el Colegio de Escribanos. "Prima facie queda demostrado que hubo toda una ingeniería delictiva a lo largo del proceso de anotación registral", dijo Díaz Camacho Alderete en un escrito dirigido a la directora del Registro Inmobiliario, María Laura Ojeda de Colombres.







